Once asociaciones sin ánimo de lucro de Menorca denuncian y rechazan la decisión tomada en el pasado pleno del Ayuntamiento de Maó que aprobó por unanimidad una ordenanza que regula las subvenciones a entidades sociales, deportivas y culturales, por su "tono amenazante" y "tinte totalitario".
Según señalan, la ordenanza prohíbe actos de "carácter político o reivindicativo", lo que, "supone, no solo, un nuevo recorte a la libertad de expresión y la lucha por los derechos de las personas más vulnerables y del medio ambiente, sino que también somete las acciones a una interpretación totalmente objetiva", advierten.
Las entidades sin ánimo de lucro de la Isla entienden que no se financien actos de carácter político y, mucho menos, ilegales o inconstitucionales. No obstante, lamentan que "pretender, mediante subvenciones, controlar las actuaciones, reivindicaciones o comunicados de las asociaciones, vulnera la libertad de expresión y el derecho a la participación recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Española, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea".
Las asociaciones que rubrican la carta publicada en la sección de opinión de este diario, aseguran que la nueva ordenanza "limita" este derecho de "manera intimidatoria", no eludiendo ni impidiendo la libertad de expresión, sino delimitando la capacidad de reacción reivindicativa de las entidades y genera indefensión por parte de los beneficiarios, abrumados por la necesidad de ingresos económicos que ayuden a financiar proyectos con fines sociales y medioambientales".
Consideran que "es nuestro deber moral y ético" denunciar cualquier atropello contra el Estado del Bienestar en general y la dignidad humana y el medio ambiente en particular.
Tachan la medida aprobada de "máxima gravedad" porque "limita" el derecho de la libertad de expresión y el derecho a la participación ciudadana además de vulnerar el objetivo primordial de cualquier asociación sin ánimo de lucro, que es difundir, sensibilizar e implicar a la sociedad en la cooperación por la erradicación de cualquier problemática social.
Las once entidades que comparten el rechazo a la nueva ordenanza son: AFEM, Associació S'Ull de Sol, Caritas Diocesana de Menorca, Entrepobles, Fòrum Tercer Mil·lenni, GOB Menorca, Justícia i Pau, MIRA, Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, Plataforma per la Solidaritat en Temps de Crisi y VSF-Justicia Alimentaria Global.
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