Marcha. Más de 400 personas participaron, en recuerdo a las víctimas - Archivo

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Hoy se cumplen tres años del accidente en el que perdieron la vida los ciclistas José Antonio de Tena y Juan Garriga, y resultaron heridos Pedro J. Fernández y Llorenç Garí. Un largo periodo de tiempo durante el cual el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Maó viene instruyendo el caso, un proceso que a día de hoy todavía no se ha dado por concluido.

Las cuatro familias afectadas por el accidente siguen a la espera de que pueda iniciarse el juicio contra los dos acusados, los dos jóvenes de Barcelona que viajaban en el vehículo que invadió el carril contrario en el kilómetro 13,3 de la carretera general, a escasos metros del cruce de Son Bou, en Alaior.

La abogada de las familias menorquinas, Maria José Camps, explicó ayer que en estos momentos ya se han practicado todas las diligencias de las pruebas presentadas por la acusación, a excepción de una solicitada por el Ministerio Fiscal, que debe realizarse en un juzgado de Barcelona, para completar un informe forense. "La petición se hizo en marzo, por lo que creemos que ya no pueden tardar mucho en hacer llegar esta prueba, y que se cierre la instrucción", afirmaba la letrada.

Por otro lado, cabe recordar que el juzgado que instruye el caso ha sufrido un cambio de titular hace escasamente unos meses, y que el fiscal tampoco es el mismo que el que inició la instrucción. Una vez se cierre este proceso se espera que el expediente sea remitido al Juzgado de lo Penal para que se inicie el juicio.

Delitos
La acusación particular estudia solicitar la imputación de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria, así como de los delitos por imprudencia con resultado de muerte, y dos más por imprudencia con resultado de lesiones.

En cualquier caso, el procedimiento abierto en el Juzgado solo persigue depurar las responsabilidades penales que puedan tener los ocupantes del vehículo causante del accidente.

Secuelas
Los tres años que han transcurrido desde que se produjera el siniestro ha sido un periodo muy duro para las familias de los ciclistas. Por contra, los dos acusados siguen en libertad a la espera del juicio, y además, con la posibilidad de seguir conduciendo, pues no se les ha retirado el permiso. Camps afirma que "no sé como les habrá afectado a ellos, ni si pueden hacer vida normal, pero las familias que han sufrido la pérdida de su familiar han experimentado un cambio para siempre, una pérdida irreparable y absolutamente injusta, que nunca tenía que haber ocurrido". Por eso, la letrada opina que "las conductas que llevan a un resultado tan terrible no pueden quedar impunes".

En cuanto a los dos ciclistas que resultaron heridos, Camps apunta también que "no solo tuvieron que pasar por un periodo de recuperación, sino que han sufrido unos daños emocionales que son muy difíciles de superar".

Ahora, pues, tanto los familiares de los ciclistas, como su entorno, como el colectivo ciclista de la Isla, siguen a la espera de que se dé por finalizada la fase de la instrucción.