Ingresos. Muchas familias menorquinas viven del alquiler vacacional de segundas viviendas - Archivo

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La patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Menorca (PIME) considera positivo que el presidente del Consell, Santiago Tadeo, no se haya cerrado en banda a la posibilidad de regular el alquiler vacacional como ha hecho el Consell de Eivissa, pero reclama al dirigente 'popular' menorquín que sea valiente y tome ya una decisión al respecto. Pide al presidente que apueste por un modelo que redistribuya la renta turística. Y es que la postura de Tadeo de buscar el consenso entre los sectores implicados antes de solicitar al Ejecutivo balear cambiar la actual Ley Turistica para así poder reglamentar el alquiler vacacional, puede ser en opinión de PIME un callejón sin salida. El secretario técnico de esta patronal, Jordi Bosch, advierte al respecto que las posiciones entre las partes implicadas están hoy día "tan marcadas y distantes" que será difícil a priori llegar a ese acuerdo al que el presidente Tadeo supedita reclamar el cambio de Ley. El conflicto que enfrenta a la patronal con los hoteleros va camino de enquistarse. Por este motivo, PIME reclama al Consell que "desde el principio" tome una decisión en un sentido u otro, y que lo haga de "manera urgente" antes de la próxima temporada.

La Ley Turística de Balears aprobada hace apenas un año señala que las únicas viviendas en las que se permiten estancias turísticas son casas unifamiliares y pareados, y la patronal PIME quiere que este abanico se amplíe a todas las viviendas con cédula de habitabilidad. El presidente insular sabe que regular el alquiler vacacional exige un cambio de la Ley actual y está dispuesto a pedirlo al Ejecutivo, pero antes quiere alcanzar un acuerdo entre los sectores implicados. A la patronal PIME no le basta, quiere que el Consell apueste por un nuevo modelo turístico que redistribuya la riqueza y que en su opinión actualmente solo beneficia al sector hotelero, especialmente tras la reciente modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos por el Gobierno central la pasada primavera. Y es que tanto la Ley Turística autonómica, como la nueva normativa estatal restringen el alquiler vacacional y un buen número de segundas viviendas utilizadas para estancias de turistas han pasado a formar parte de la economía sumergida. "Lo contradictorio es que los propietarios quieren legalizar su situación y no pueden por el cambio de una normativa que les además les ha metido en la economía sumergida", comentó Bosch. El secretario técnico de PIME no tiene constancia de que a raíz de este cambio se hayan incrementado las inspecciones estos últimos meses, pero reconoce que muchas familias viven con "incertidumbre" todo lo que está pasando, por eso reclama al Consell una normativa clara en esta materia como ya existe en otras comunidades autónomas. En este sentido, Bosch confiesa no entender las manifestaciones realizadas hace unos días por el conseller balear de Turismo, Carlos Delgado, en las que señalaba rotundo que la actual Ley de Arrendamientos Urbanos ya permite el alquiler de viviendas plurifamiliares con contrato por delante. "Si las cosas estuvieran tan claras como él dice no habría este conflicto, porque todos sabríamos a qué atenernos. El Consell debe tomar una decisión urgente", incide el secretario técnico de PIME.