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Veintinueve millones de euros a pagar entre todos. Lo peor de no querer enterarse de los temas políticos y de lo que los políticos se traen entre manos, porque ya está uno harto, es que no nos informamos de muchas cosas que luego son vitales para nuestra vida cotidiana. Podemos estar reivindicando algo sin saber que nunca será posible tenerlo porque con anterioridad hemos apoyado alguna política que así lo ha establecido.

Y eso es lo malo de la situación a la que hemos llegado. Cero a los políticos pero cero también a la ciudadanía por haberlos dejado campar a su aire.

Y un ejemplo muy clarificador es el caso Cesgarden. Muchos oímos hablar del tema y creemos que es algo que pasa por allá, por aquella casa llamada Consell y que allí se las apañen.

Cesgarden es una multa que tenemos que pagar todos los menorquines. Y cuando digo todos somos todos.

No sacaremos el dinero de nuestro bolsillo porque se pagará con lo que ya pagamos con los impuestos. Así pues la forma de sufrir esta multa será que dejaremos de poder tener servicios o beneficios porque el dinero que debería de pagarlos deberá de ir a cubrir la multa, lo que correctamente se llama indemnización.

Si se contabiliza en 90.000 los habitantes de Menorca y hacemos la cuenta de la vieja, nos daría a pagar a cada individuo censado en la Isla, 323 euros. Con lo que para una familia con dos hijos supondrían 1.292 euros.
¿Y por qué? Pues voy a intentar contárselo a las personas que, como yo, hemos de escuchar lentamente porque no damos crédito.

En el año 1999 un señor quiso edificar un hotel de cinco estrellas en unos terrenos a la entrada de Son Bou. El terreno tenía permiso para que se edificase ese hotel, vamos, que estaba dentro de la norma urbanística y territorial de Menorca, con lo cual el empresario compró los terrenos.

Hasta aquí todo bien, ¿no? Bien, pues los políticos que en ese momento gobernaban en Menorca, decidieron que allí no se montaba ningún hotel. Así pues, daba igual el derecho que asistía a este señor y le negaron el derecho a construir.
El señor, evidentemente, fue a la justicia y como la Ley es la Ley, le dio la razón el 5 de mayo de 2011. Doce años después, concluyó todo el proceso y se dictó sentencia firme sobre la forma de pago (quiere decir: no hay más tu tía) contra el Consell para pagar a este señor la indemnización por daños y perjuicios. Esto son 29.000.000 de euros. Para los que todavía traducen mentalmente a pesetas, la escalofriante cifra es de cuatro mil ochocientos treinta millones de pesetas. ¡Ahí es nada!

Algunos, que se escabullen de la responsabilidad moral y de la vergüenza, no dicen ni pío, lanzan al viento ideas peregrinas como que el Consell vaya ahora a pedir dinero al Govern o a algún Ministerio, al gobierno central, o -¡la mejor de las ideas!- a Estrasburgo. Esto me suena a mí a «mamá, mamá... sácame de este agujero». ¿Y no valdría ahora esa famosa premisa de «el que la hace la paga»?

¿A Estrasburgo? Es de vergüenza que un político intente salir airoso poniendo esta posibilidad ante la ciudadanía, o es un inculto o es un sinvergüenza. A Estrasburgo solo se llevan casos de derechos humanos.

¿Pero es que nadie pensó? ¿Es que nadie fue responsable? Todos a una debieron de decir eso de: "me n'enfot".

Para mí es una gran tristeza porque durante los dos primeros años de legislatura hemos puesto orden en las cuentas soñando en que los dos últimos pudiésemos lograr mejoras para los menorquines. Ahora ¡no hay nada que rascar!, ahora hay que sacar el dinero de todos los rincones para pagar e intentar no recortar los servicios que son competencia del Consell y derechos de los ciudadanos de Menorca. Todavía tendremos que aguantar que aquellos que nos han metido en este «auténtico recorte» nos increpen preguntando por qué no incrementamos servicios y hacemos más cosas.

¡Noventa mil menorquines deberíamos salir a protestar! No oigo ni un murmullo. Y yo me pregunto: ¿por qué será? Quizá el que vende las camisetas está aún perplejo intentando entender este auténtico desastre.