Seis meses y medio después, la Fiscalía de Medio Ambiente acordó ayer archivar la denuncia del GOB contra el dragado del puerto de Maó y levantó el veto que pesaba sobre la obra desde finales de marzo, al no apreciar indicios de delito penal.
Sin avalar plenamente el proyecto que Puertos se disponía a ejecutar desde principios de año, la fiscal Amparo González exige que con carácter previo se elabore un informe para estudiar el eventual impacto que ocasionará el dragado.Y «sugiere» que lo redacte el Instituto Español de Oceanografía (IEO), en colaboración con la oficina técnica de la Fiscalía. El Ministerio Público pide que se actúe con la máxima brevedad posible. Y con el«consenso social» que esta misma semana reclamó públicamente la propia alcaldesa Águeda Reynés.
No resulta casual que la resolución de la Fiscalía aluda al Instituto Oceanográfico, el mismo organismo público cuyo primer informe contrario al dragado -por la elevada concentración de metales pesados- fue excluido del proceso de exposición pública abierto por el ente gestor del puerto.
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