La senadora Juana Francis Pons Vila | Kika Triay

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Juana Francisca Pons Vila (Maó, 1964) representa desde el año 2011 a Menorca en el Senado, una de las instituciones políticas del Estado más cuestionadas últimamente. Quien fue directora insular de la Administración General del Estado y después portavoz del PP en el Consell lleva dos años y medio a caballo entre Fornells y Madrid. En su agenda política últimamente se ha colado un tema que ha despertado un rechazo prácticamente unánime en la sociedad menorquina: la posibilidad de que se busque petróleo cerca de la Isla.
Sobre esta materia, la senadora lanza un mensaje de tranquilidad. Asegura que de los dos proyectos que podrían afectar a la Isla, uno está caducado y el otro apenas está en fase de gestación y existen vías para tumbarlo si así lo requieren los informes técnicos.

¿Cómo se ve desde Madrid la polémica sobre las prospecciones sísmicas?
— En el caso de Menorca, hay dos proyectos de sondeos sísmicos que nos podrían afectar, que fueron autorizados en época del gobierno de Zapatero. El PP no ha concedido ni un permiso, y no será porque no haya peticiones, que las hay y muchas. Si Balears tiene ahora un problema en esta materia, es debido a una acción del gobierno socialista. A nosotros nos toca ahora reconducir la situación, y en ello estamos. El gobierno del PP ha impuesto que sea necesaria una evaluación ambiental para autorizar estos sondeos, algo que antes no pasaba. Los ecologistas y conservacionistas, en este caso, somos nosotros.

Menorca se ha unido en contra de estos proyectos con una unanimidad difícil de recordar en otras materias. ¿Cómo se encuentran ahora mismo los proyectos que afectan a la Islas?
— Una de las empresas que promueven los sondeos ha presentado una documentación fuera de plazo, y por tanto la tramitación ha caducado. Un problema menos. El segundo proyecto está en trámite de consultas previas, durante las cuales las administraciones implicadas pueden expresar su opinión. Después deberá tramitarse el informe de evaluación ambiental, y el Ministerio deberá analizarlo minuciosamente. Esto tardará entre uno y dos años.

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