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Los 130 millones de euros en impuestos que se ahorrarán las empresas que reinviertan su beneficios suponen un paso adelante en la histórica reclamación de compensación de la insularidad. Se trata de la primera medida fiscal que se aprueba, pero estos incentivos quedan aún muy lejos del coste total que provoca el hecho insular.

El propio Govern encargó un estudio a la Universitat para que evaluara los costes que supone vivir en un archipiélago y el resultado queda lejos de este primer paso. El último año del que hay datos completos es 2011 y en él se detalla que la pérdida del volumen de exportaciones de las empresas de Balears fue de 3.849 millones de euros, Es decir, que las empresas de las Islas pierden ese dinero -o dejan de ingresarlo- por el hecho de estar ubicadas en una Isla. Otro tanto puede decirse de las importaciones. El coste es más elevado y se eleva a 4.295 millones de euros, según el mismo estudio.

Estas dos cifras representan la pérdida de competitividad de las empresas de Balears en términos absolutos, pero en relación al PIB representan un 30 por ciento del total, según el mismo estudio.

Además del coste empresarial, el estudio tasaba en 335 millones el coste del transporte de pasajeros vía aérea y en otros 83 millones del coste del transporte de pasajeros vía marítima. También se detalla el coste del complemento que se paga a los trabajadores públicos por residir en las Islas y la compensación que se debe abonar por la provisión de servicios públicos en el archipiélago.

La suma de este coste insularidad supera los 8.200 millones, lo que queda lejos de esos 130 millones que se espera dejen de pagar las empresas de las islas.

No obstante, el Govern ha insistido en todo momento en que lo aprobado ayer por el Consejo de Ministros es un paso con respecto a lo que hay en estos momentos, es decir, nada. Fuentes de la Conselleria de Hacienda señalan que la modificación del Régimen Especial no colma todas las aspiraciones del Govern, pero supone un tímido paso que mejora el modelo actual.