El conseller Iago Negueruela y la directora general, Isabel Castro. | CAIB

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La siniestralidad laboral en el primer semestre de este año en Menorca ha aumentado un 11 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. En los seis primeros del año se registraron en la Isla un tal de 413 accidentes laborales, según los datos del Ministerio de Empleo, hechos públicos ayer por el Govern. Se trata de 41 más que en el primer semestre de 2014.

En los últimos tres años el número de accidentes laborales en Menorca se había estabilizado (entre 372 y 378 en el primer semestre). No obstante, este año ha sufrido un repunte, experimentado en todas las Islas. Uno de los motivos que se intuye es por el aumento de la actividad económica. Cabe destacar que con la crisis, y el aumento del paro, la siniestralidad laboral había descendiado y ahora con la recuperación se vuelve a disparar.

En el conjunto de Balears en los seis primeros meses del año se registraron un total de 7.185 accidentes laborales, un 8 por ciento más que el año pasado. De ellos, la inmensa mayoría (el 99,4 por ciento) fueron leves. Solo 40 fueron graves, tres muy graves y un único siniestro mortal.

La tasa de siniestralidad laboral de Balears es de 4.335 accidentes por 100.000 trabajadores, lo que según el Govern, hace que «las Islas estén en la cola de las Comunidades Autonómas en accidentes laborales». No obstante, el conseller de Trabajo, Iago Negueruela expresa su preocupación ante el aumento de la siniestralidad en Balears.

Por sectores, la construcción con 1.443 accidentes tiene el índice más alto, seguido de la industria y la agricultura. Los servicios, pese a que es donde se registran más accidentes (4.768 en el primer semestre en Balears), es el sector con la tasa de siniestralidad más baja.

Los datos fueron presentados este martes al Consell de Salut Laboral, que se reunió con el objetivo de marcar las líneas de acción ante «las graves» cifras de siniestralidad.

El conseller Negueruela destacó que, con la reunión de ayer, el Govern ha reabierto el diálogo social para redefinir (junto a los representantes sindicales) la Estrategia de Seguridad de las Illes Balears, que fue aprobada antes de las elecciones «sin el consenso de los sindicatos».