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El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alaior valorará todas las opciones que hay disponibles sobre el proyecto de reforma que ha presentado la cadena Meliá para el hotel Milanos Pingüinos de Son Bou, también las que plantea el grupo de la oposición Junts per Lô. La alcaldesa, Misericordia Sugrañes, avanza, no obstante, que la propuesta es «una imprudencia» que sigue la estrategia del pasado, y que ha generado ya indemnizaciones por temas urbanísticos. Teme que acabe en pleitos millonarios, a pesar de ser muy cauta a la hora de valorar la propuesta antes de disponer de informes técnicos y jurídicos.

Cabe recordar que Junts per Lô ha presentado una propuesta en la que plantea la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de forma urgente, para así, dejar en suspenso las licencias. Además, plantea como segunda solución la posibilidad de suspender el otorgamiento de licencias de forma preventiva en esta área. Se aferra a estos dos supuestos porque ve un contrasentido aceptar la renovación del impacto visual de estos dos hoteles en primera línea de mar de Son Bou que plantea la cadena Meliá.

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El equipo de gobierno traslada el tema a los informes jurídicos que se emitan sobre ello. No obstante, considera de forma inicial, que la interpretación sobre las alturas que realiza Junts per Lô es errónea cuando indica que regiría la normativa municipal y, por tanto, debería cumplirse la altura que fija el Plan General de planta baja más dos (una vez aprobado el planeamiento de forma inicial). El concejal de Hacienda, Emilio Agis, explica que la Ley de Turismo les exonera de la aplicación de volúmenes. La altura es una excepción, tal como apuntaba Junts per Lô, pero indica que un edificio implantado con la normativa anterior tiene derecho a pedir licencia de obra para ejecutar obras de reforma sin crecer en altura y «el proyecto que presenta Meliá no crece en altura, la mantiene».

Agis agrega asimismo que «las imposiciones de la Administración en el sector privado normalmente tienen un efecto contrario» y lo que «hay que evitar es perder la oportunidad de mejorar el sector turístico, que falta hace, además de la inversión y la creación de puestos de trabajo». Además, indica que «se podrá, de forma consensuada, encajar el proyecto con la normativa en vigor». Y es que, para Agis, «poner palos en las ruedas o cerrar la puerta directamente a la predisposición de la parte privada es como mínimo imprudente e irresponsable».

Sugrañes indica, asimismo, que el proyecto pasa primero por el Consell. Será luego, una vez el Ejecutivo haya dado el visto bueno, si así lo considera, cuando el Ayuntamiento se posicione.