Los diputados Patrícia Font, Nel Martí y Josep Castells. | Gemma Andreu

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Menorca tiene menos trabajadores públicos que los que le corresponden en base a su población. Según la relación de puestos de trabajo del año 2016 facilitado por Més per Menorca, la Isla concentra 417 puestos de trabajo de la administración general (excluyendo los de servicios públicos territorializados como educación y sanidad), lo que representa el 6,5 por ciento de los 6.435 empleos que la administración pública dispone en el conjunto de Balears. Y en cuanto a población, Menorca concentra el 8,8 por ciento. La balanza se invierte en el caso de Mallorca que concentra más trabajadores (el 87,1 por ciento) que los que le correponden por población (el 78,5 por ciento).

Més per Menorca abrirá, en esta nueva etapa parlamentaria que se inicia ahora, el debate para desconcentrar la administración pública y lograr que algunas unidades administrativas se trasladen a las islas menores para acabar así con «la desventaja» para acceder a la función pública.

Ha presentado una proposición de ley para establecer una serie de medidas que permitan garantizar que los ciudadanos puedan acceder a la ocupación pública con independencia de su isla de residencia. Pide que se priorice en la medida de lo posible el traslado de unidades completas, incluidos sus cargos de dirección. El diputado y portavoz de Més per Menorca, Nel Martí, asegura que la Comunidad Autónoma «debe distribuir territorialmente los puestos de trabajo de la administración general en proporción a la población de cada isla».

El equilibrio que plantea Més per Menorca para que los porcentajes se equiparen, redunda en que Mallorca reduzca 550 puestos de trabajo para trasladarlos al resto de islas. Según los cálculos de la formación menorquinista, Menorca incrementará el número de puestos de trabajo en 150, Eivissa crece en 370 y Formentera en otros 30.

Més propone que el plan se apruebe por decreto en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley y que esté implantado en un período máximo de cuatro años.

La admisión a trámite de esta propuesta legislativa forma parte del pacto de gobernabilidad de Més y el Govern de Armengol.