Viviendas plurifamiliares de una construcción reciente en Maó. | Javier Coll¶

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Ganar agilidad administrativa es uno de los objetivos incluidos en las 25 acciones extraordinarias en materia de vivienda incluidas en la ley de medidas urgentes que prepara el Govern. Para lograr esa agilidad se contempla la colaboración con los colegios profesionales, arquitectos y aparejadores, en la tramitación de las licencias urbanísticas, cuya demora constituye un reclamación cíclica por parte de los citados colegios y del sector de la construcción.

El Colegio de Aparejadores de Menorca considera positiva la vía de la colaboración entre iniciativa pública y privada. En la reunión ayer en Palma de la Mesa de la Vivienda, se ha planteado que esta mesa de agilización administraiva contribuya a coordinar y apoyar el desarrollo de los preceptivos convenios entre los colegios y las diferentes administraciones para dar viabilidad y cobertura legal a esa colaboración.

El presidente del colegio menorquín, Miguel Ángel Sicilia, agradece que el ejecutivo autonómico «haya recogido el guante que el colegio había ofrecido» y haya abierto la puerta a la colaboración «para reducir la demora en la concesión de licencias urbanísticas, que ahora es muy largo desde que se presenta la solicitud hasta que se obtiene la licencia».

Con esta medida, y previo convenio, los colegios profesionales de arquitectos y aparejadores podrán realizar los preceptivos informes que exigen los ayuntamientos para aprobar las licencias de obras. La media de espera se prolonga ahora hasta los 18 meses, cuando la ley establece un límite máximo de tres.

Marc Pons, conseller balear de Vivienda, señala que se trata «de desacargar el trabajo» de los ayuntamientos», que padecen momentos de colapso, según han denunciado en repetidas ocasiones los colegios profesionales.

Sicilia apunta que estos convenios «no solo permitirán realizar informes sino que podrán redactarse protocolos de actuación entre las partes para mejorar el sistema de comunicación entre técnicos y administración», dice. Aparte de conseguir una mayor agilidad, que es el objetivo perseguido, «también se dará valor a la función pública que tienen los colegios profesionales como corporación de derecho público» de los mismos.