Imagen del varadero del puerto de Ciutadella.

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El Consejo de Administración de Ports de les Illes Balears decidió ayer disponer de un informe completo que justifique la puntuación obtenida por la empresa Marina Seca Port de Ciutadella SL antes de ratificar la adjudicación de la explotación del varadero de este puerto. Cabe recordar que esta baremación ha sido motivo de alegaciones y contrariedad por otras de las sociedades que han presentado oferta para la gestión de este espacio público de mantenimiento de embarcaciones durante los próximos veinte años.

En la reunión mantenida ayer por el Consejo de Administración se comunicó el resultado de las puntuaciones obtenidas por las distintas ofertas, que dejarían fuera del negocio a la empresa que ha explotado el varadero durante los últimos 35 años, Astilleros Llompart. Esta sociedad ha anunciado ya que impugnará el proceso al entender que se han cometido irregularidades.

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Marina Seca presenta un canon que multiplica por cuatro el precio base de salida y por tres el propuesto por Astilleros Llompart, algo que es considera como muy temerario por las empresas que han quedado fuera de la adjudicación, al menos de forma momentánea. El concurso para la gestión de este espacio acumula un importante retraso a causa de esta controversia, puesto que una primera valoración de las propuestas ya se llevó a cabo en mayo de 2019.

Fornells
En otro orden de cosas, el Consejo de Administración de Ports de les Illes Balears aprobó ayer la modificación de las condiciones de la concesión de espacio portuario deportivo al Club Nàutic Fornells, de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/2005. La concesión se amplía así de 30 a 35 años, a contar desde que se inició este acuerdo en enero de 2007. Además, se acompaña de un incremento del canon del 5 por ciento, que pasa a ser de 693.109 euros con una aportación anual de 38.755 euros.

En abril, el conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, anunció a los representantes de los clubes náuticos y puertos deportivos la decisión de prolongar de 30 a 35 años las concesiones actuales para que las pérdidas que se puedan generar por los efectos de la crisis del coronavirus se puedan repercutir en más años de explotación y así se vean en cierto modo minimizadas.