Un grupo de personas espera para la recogida de muestras para las pruebas PCR en el centro de salud de Dalt Sant Joan, en Maó. Cada positivo detectado genera, de media, ocho contactos estrechos que deben ser evaluados. | Josep Bagur Gomila

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Cualquiera diría que la vuelta al confinamiento, parcial o general, es una opción cada vez más valorada por los responsables de la sanidad pública. En Balears, como en el resto de España, el incremento de los contagios de la covid-19 trae aparejada la advertencia para la imposición de restricciones paulatinas que van limitando las libertades de movimiento y concentración «porque no podemos esperar que la situación se descontrole», admite el gerente del área de Salud de Menorca Romà Julià, después del nuevo repunte durante el fin de semana. Se esperan nuevas medidas coercitivas a lo largo de la semana.

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El mensaje cae a plomo desde el Estado hasta las comunidades autónomas y resto de instituciones con el denominador común de la preocupación emergente unida a la alarma. Otra prueba es la llamada a médicos y enfermeras, personal sanitario en general, para ofrecerles que cancelen sus vacaciones y se incorporen antes a sus puestos, entre otras cosas, porque no hay profesionales disponibles para ser contratados ante lo que pueda suceder, indica el propio Julià. «Es una puerta voluntaria que se nos abre para reforzar el sistema y que no se había contemplado hasta ahora; aquí estamos al límite, sin carencias pero justitos», señala.

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