El sector de la construcción debe atender diversas normativas. | Josep Bagur Gomila

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Construir un edificio con el certificado energético A, como exige ya el nuevo Plan Territorial Insular, es muy complicado y además puede entrar en contradicción con otras normativas urbanísticas. Una prueba de ello es que de los 16.991 edificios de la Isla que disponen de alguna certificación energética, solo 87 cuentan con esta valoración, la más alta.

Según la información facilitada por la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, la calificación que predomina es la E, con 6.359 edificios. Las letras A, B y C son, con diferencia, las que menos se conceden, puesto que entre las tres ni siquiera llegan a los mil inmuebles.

«A nivel técnico, un edificio con el certificado energético A es algo muy complicado», exponía ayer el presidente de la Demarcación en Menorca del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears, Enric Taltavull, quien lamenta además las dificultades de interpretación que abre el nuevo PTI.

Las dudas que plantea la exigencia del certificado A, requerido por el artículo 55 de la revisión del PTI, fue unos de los puntos abordados por el informe que el Ayuntamiento de Maó envió al Consell sobre el contenido del documento. Desde el Consistorio mahonés, la responsable de Urbanismo, Dolors Antonio, explica que ya en su día expusieron que este requisito puede entrar incluso en contradicción con normativas urbanísticas propias como las que rigen sobre las construcciones en el centro histórico, puesto que el certificado A requiere de unas instalaciones (como pueden ser las placas solares) que en este ámbito de la ciudad no están permitidas por cuestiones de estética de las construcciones. En algunas situaciones, puede llegar a ser casi inasumible. Sobre esto, Taltavull indica que el problema es que el artículo del PTI es general, no matiza por zonas ni establece excepciones.

El conseller de Economía y Territorio, Josep Pastrana, se remite a la evaluación que está haciendo de las numerosas alegaciones recibidas sobre el contenido del PTI. Esta cuestión, como el resto que están generando debate, «se intentará solventar de la mejor manera posible para agilizar los procedimientos administrativos al mismo tiempo que seguimos velando por una correcta gestión de los recursos naturales».