El matadero cumplirá hoy tres días sin actividad después del plante de la empresa gestora.

Imagen del matadero de Ciutadella

Redacción Menorca24/04/21 20:49
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El juez que investiga las presuntas irregularidades en los sobrecostes que se pagaron a la empresa concesionaria del matadero de Ciutadella ha citado a declarar, en calidad de investigada, a la concejal Sandra Moll, así como al gerente municipal del matadero y a los responsables de la sociedad privada que gestiona la instalación, Serveis d’Escorxador.

La toma de declaraciones a un total de cuatro investigados es un nuevo paso en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia Número 1 de Ciutadella a raíz de la denuncia presentada por el Partido Popular ante la Fiscalía. Según consta en una providencia dictada este miércoles, el juez investiga la existencia de un presunto delito de prevaricación administrativa.

También se tomará declaración, en este caso como testigos, a la interventora municipal y al representante legal de la empresa encargada del transporte de carne, por el que se habría pagado diez veces más del importe consignado en el contrato del Ayuntamiento de Ciutadella con la gestora del matadero.

El PP ha pedido personarse como acusación particular en el caso, ya que fue en su momento quien denunció los hechos. No obstante, el juez señala en su providencia que no se le tendrá por personado hasta que la querella se interponga formalmente y se deposite la fianza para ello.

Los populares interpusieron la denuncia ante la Fiscalía el pasado 14 de julio, donde relataban unas «irregularidades continuadas desde noviembre de 2018» y de las que era conocedor el equipo de gobierno municipal, según se desprende de lo manifestado por la concejal Sandra Moll en el pleno de septiembre de 2020.

En ese pleno, añadía el PP en su escrito, la edil admitió «haber pagado facturas del matadero diez veces por encima del precio aprobado», al mismo tiempo que reconoció «conocer el informe de la secretaría de intervención que alertaba de que ese no era el precio aprobado por la Junta de Gobierno de Ciutadella».