Ciutadella es el municipio de la Isla con más oferta de alquiler turístico y este fenómeno se extiende desde las urbanizaciones al casco urbano. | Josep Bagur Gomila

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El Consell ha tirado la toalla con Airbnb y otros grandes portales que albergan oferta ilegal de alquiler turístico. La máxima institución insular no le ve más recorrido a su batalla contra las plataformas después de que primero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Balears dieran la razón a estos gigantes del sector por considerar que su labor es la de prestadores de servicios de la sociedad de la información y que no ejercen de intermediadores, por lo que no se les considera responsables del tipo de oferta que se anuncia en sus páginas web.

Con las manos atadas para actuar contra portales como Airbnb, TripAdvisor o Homeaway (ahora Vrbo), el Servicio de Ordenación Turística del Consell centra sus esfuerzos en perseguir a los comercializadores, particulares y empresas que se han lanzado al negocio turístico sin contar con la preceptiva licencia y que se exponen a multas de hasta 400.000 euros, según el régimen sancionador de la Ley Turística

De poco ha servido el ultimátum que lanzó el Consell a las grandes plataformas en agosto de 2019. Les daba 15 días para retirar todos los anuncios que no expusieran números de registro oficiales. Algunas plataformas hicieron el gesto y más tarde han vuelto a las andadas, otras ni se inmutaron. Casi dos años después la oferta ilegal –ya sea porque no especifica número de licencia o porque nunca la podría obtener por sus características o ubicación– sigue abundando en los grandes portales y desde el Consell se ven impotentes. La directora insular de Ordenación Turística, Francis Teixidor, explica que «les podemos pedir que retiren un anuncio y lo retiran pero al día siguiente hay dos más», lo que hace inviable mantener a raya la oferta irregular por esa vía.

Oferta abundante

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Un somero análisis de la página más famosa, Airbnb, muestra rápidamente la copiosa presencia de oferta ilegal. Abundan los anuncios que no exponen la licencia y también la oferta que de ninguna manera podría obtenerla, con un abanico de posibilidades que van desde pequeños pisos en los cascos urbanos, sobre todo de Ciutadella, grandes lofts en áticos, habitaciones privadas y compartidas hasta oferta menos usual como embarcaciones y caravanas ancladas en patios.

Esa oferta irregular se prepara para competir con las viviendas y establecimientos hoteleros reglados en un momento crucial para el sector debido a la pérdida acumulada de actividad por la pandemia, que ha tensado como nunca antes los balances empresariales y ha dejado sumidos en la incertidumbre a miles de trabajadores del ramo.

El Consell ha reforzado el cuerpo de inspectores de Ordenación Turística. Hasta hace poco solo tenía dos inspectores y ahora cuenta con cuatro, pero el volumen de trabajo siguen siendo muy superior a sus posibilidades. Además, explica Teixidor, «la gente es cada vez más pilla e intenta que las casas no se puedan identificar con las fotografías», haciendo mucho más complejo el trabajo de los inspectores que necesitan localizar las viviendas y recabar todas las pruebas que puedan antes de poder iniciar un expedientes sancionador con garantías.

El año 2020 se cerró con un balance de 17 expedientes sancionadores iniciados, que se encuentran en fase de propuesta de resolución. Un año antes se habían abierto 29 expedientes con sanciones que ascendieron de forma global por encima de los 420.000 euros. Desde Ordenación Turística explican que en el año 2021 están a punto de emerger un número importante de expedientes, pero en estos momentos están en borrador y todavía no se pueden contabilizar como procedimientos iniciados.

Para intentar reducir el cerco sobre la oferta ilegal el Consell ha contratado a una empresa de rastreo web en una iniciativa piloto que busca cruzar datos publicados en internet para poder identificar la dirección de las viviendas que se anuncian sin la preceptiva licencia. También ha puesto en marcha un servicio que permite a cualquier ciudadano comprobar si una vivienda cuenta con licencia turística.