Será porque las navidades ya están aquí o porque en el fondo cada uno sabe cuál es su papel en este trance, lo cierto es que tal y como estaba previsto el equipo de gobierno del Consell aprobó este miércoles los presupuestos generales para 2022 tras un pleno plano, sin tensión ni excesivos reproches, con los votos en contra del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos.
El tripartito, con todo el protagonismo para la consellera de Servicios Generales, Noemí Gomila, defensora del documento de 118,3 millones de euros, rebatió con mesura a la oposición, rechazó todas las enmiendas parciales de ambas formaciones, y la de la totalidad que presentaba el PP. Gomila, condescendiente con Eugenio Ayuso, y elogiosa en el análisis del conseller popular, Adolfo Vilafranca, pese a la nula coincidencia de criterios, argumentó que rechazaba sus objeciones «no porque no estemos de acuerdo, sino porque ya las estamos llevando a cabo», dijo en referencia al representante de Ciudadanos.
La consellera sí admitió, ante las críticas de la oposición, que el gobierno insular se compromete a trabajar para elevar el grado de ejecución de las partidas incluidas en las inversiones, considerando que el año anterior se dejaron de ejecutar unos 20 millones de euros.
En el apartado de personal, incrementado en un 7,20 %, Ciudadanos y PP coincidieron en la «falta de estética» que suponía un incremento del 4 % a cargos políticos y asesores. Ayuso pidió reducir la estructura de directores generales y Gomila defendió la presencia de los 18 cargos aunque dijo que en la nueva Relación de Puestos de Trabajo se puede redefinir su papel «pero son una figura necesaria de gestión para tirar adelante proyectos», mismo argumento que utilizó para defender las contrataciones temporales.
La única salpicadura agria del debate, que como tal no existió, fue la enmienda del PP para que el Consell incluyera una ayuda en la compra o reforma de una casa de acogida en Alaior. Gomila acusó al PP de falta de coordinación porque el Ayuntamiento había rechazado el ofrecimiento, pero en el turno de Vilafranca, este leyó un mensaje del alcalde de Alaior, quien se lamentaba porque el ofrecimiento había sido de solo 50.000 euros.
Vilafranca volvió a cuestionar la partida destinada a la carretera general, de 3 millones, sin que se haya firmado ningún convenio con el gobierno central, pero la consellera del equipo de gobierno fue tajante al asegurar que «la hemos presupuestado porque la materializaremos antes que acabe la legislatura, y tendremos la financiación para hacerla».
Estación de autobuses de Ciutadella, endeudamiento de 13 millones, mataderos, interpretación de s’Enclusa con 1 millón de euros y ausencia de ingresos para la nueva Ley Reserva de Biosfera, y doblar -casi- la partida para estudios o trabajos fueron otros puntos alegados por el PP en sus enmiendas.
La consellera rebatió que la estación de autobuses depende de que el Ayuntamiento de Ciutadella decida su plan general, y en cuanto al endeudamiento dijo que era la forma más ágil de que el dinero revierta en los menorquines. Los estudios y trabajos se deben realizar constantemente para prever intervenciones, defendió, y en cuanto a la Ley Reserva de Biosfera, alegó que no se había incluido más partida porque debe pasar aún por trámite parlamentario y no estará hasta 2023.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Menorca - Es diari
De momento no hay comentarios.