La instalación de una planta de baterías de almacenamiento eléctrico de 50 MW (megavatios) en Es Mercadal, prevista para el año 2024, permitirá reducir un 27 por ciento la producción en la central de Maó, que funciona quemando fueloil y gasoil, dos de los combustibles más perjudiciales para la salud pública y la atmósfera. Ese descenso de producción será posible gracias a la entrada de mucho mayor flujo de electricidad desde el actual enlace submarino con Mallorca, que pasará de operarse como hasta la fecha, a un máximo de 30 MW, a hacerlo a una potencia que se moverá en una horquilla desde 60 MW y hasta 80 MW sin necesidad de esperar al segundo cable.
La dependencia de la central de Maó para satisfacer la demanda eléctrica de la Isla va a verse reducida notablemente. En el año 2021 el 82,3 por ciento del consumo se cubrió con las turbinas y sobre todo con los motores de la central mahonesa, un porcentaje que en años pasados ha sido incluso mayor. No en vano, el enlace submarino que se inauguró en verano de 2020 aportó el año pasado el 15,3 por ciento de la demanda. Apenas un 2,3 por ciento ha corrido a cargo de los tres parques renovables de la Isla.
En el momento en que entre en funcionamiento la planta de baterías –y sin contar con el inminente ‘boom’ de las renovables– esa dependencia bajará al 60 por ciento. Con los datos de producción del año 2021, el último completo, en la mano, se observa que para satisfacer ese 82,3 por ciento de la demanda la central tuvo que generar 372.582 MWh (megavatios hora). Con ese incremento previsto de la entrada de energía a través del enlace submarino la producción se situaría entorno a los 271.631 MWh, un descenso que se aproxima al 30 por ciento y que deriva evidentemente en reducciones proporcionales de las emisiones contaminantes a la atmósfera.
¿Pero por qué la planta de baterías posibilita un aumento tan considerable de la operatividad del enlace submarino? Aquí hay que recordar un concepto que se hizo más o menos célebre en los meses posteriores al gran apagón, el llamado criterio N-1 (ene menos uno), un estándar de seguridad de operación de sistemas eléctricos por el que se debe garantizar que el fallo de alguno de los componentes del sistema no genere una caída o sobrecarga general.
Ese criterio es el que hace que el enlace existente, que tiene una capacidad nominal de 100 MW, solo pueda operarse a 30 MW. Un mayor flujo de transporte en el cable, además de reducir considerablemente su vida útil, haría que, de sufrir una avería, la seguridad del sistema entrase en riesgo. El operador del sistema, en el caso español Red Eléctrica, debe calcular la capacidad máxima para conservar el criterio N-1.
Aquí es donde entran en juego las baterías y, sobre todo, su instalación como elemento plenamente integrado en la red de transporte, algo novedoso a nivel nacional. El almacenamiento se suma al resto de elementos del sistema menorquín y hace de N-1, es decir, se suma a los elementos capaces de aportar electricidad a la red en caso de fallo de otro de los elementos del sistema, lo que libera al operador para poder ordenar un mayor flujo desde el cable submarino existente con criterios de seguridad de suministro.
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