El pasado mes de junio el Parlament admitió a trámite el anteproyecto de ley de Reserva de Biosfera.

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Los partidos del Govern (PSOE, Unidas Podemos y Més per Mallorca) han presentado un total de 80 enmiendas consensuadas al anteproyecto de la Ley Menorca Reserva de Biosfera que aprobó el Consell insular el pasado mes de abril. Son 54 enmiendas de modificación, 18 de adición y ocho de supresión, un extenso peinado del texto que afecta a 40 artículos y cinco disposiciones y que busca principalmente limitar las competencias que Menorca se arroga en el texto pisando las que son propias del Estado y de la Comunidad Autónoma en temas como los espacios naturales protegidos y la biodiversidad, el control sobre la zona del dominio público marítimo-terrestre y la ordenación del litoral.

Entre las propuestas de enmienda hay 59 acordadas entre los tres partidos del Pacte a propuesta del PSOE, que se ha centrado especialmente en limar o suprimir preventivamente aquellos artículos que entiende que entran en conflicto con las competencias estatales, ante el riesgo de que el ejército de abogados del Estado, muy celosos de los ámbitos competenciales, carguen tintas contra la nueva legislación por inconstitucional. Otras siete enmiendas corresponden a Unidas Podemos, que se muestra a favor del contenido de la ley e incluso propone reforzarla en aspectos como el control de la calidad del aire y la creación de carriles bici interurbanos.

Competencias

Capítulo a parte merecen las doce enmiendas aprobadas por iniciativa de Més per Mallorca, especialmente celoso en la defensa de las competencias propias de la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio y vigilante incluso con el redactado de la exposición de motivos de un anteproyecto de ley que Més per Menorca hace plenamente suyo al no haber presentado ni una sola propuesta de modificación respecto a lo aprobado por el pleno del Consell.

Entre las propuestas de enmienda al texto destacan particularmente las referidas al polémico artículo 11, que aborda las materias a transferir o delegar al Consell insular. Las enmiendas prácticamente lo dejan sin efecto ya que proponen suprimir la asunción ejecutiva y la gestión tanto de los espacios naturales protegidos, competencia del Govern, como de las actividades recreativas en aguas interiores, competencia del Gobierno central.

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Aunque no son técnicamente supresiones, y en la línea de los expuesto por Més per Mallorca en el artículo 11, en los artículos 12, 14, 15 y 16 se limitan profundamente las funciones del Consell en materias como la gestión forestal, de los espacios naturales protegidos, del Parc Natural de S’Albufera des Grau o sobre protección de la biodiversidad. Son todos competencias de la Conselleria de Més per Mallorca, que propone quitar del texto aquellos apartados que dan potestad al Consell en materia de autorizaciones, ordenación y planificación, dejando claro en todo momento que cualquier decisión en esos ámbitos debe llevarse a cabo respetando las competencias del Govern.

Los conflictos competenciales con la Dirección General de la Costa y el Mar han llevado también al PSOE a proponer la eliminación de artículos como el 19, 20 y 21, relativos al control de obras e instalaciones en la zona de servidumbre de protección y la consulta obligada al Consell sobre la delimitación del dominio público marítimo-terrestre y sobre las autorizaciones y concesiones en ese ámbito.

Los socialistas también suavizan el redactado del artículo referente a la limitación de la afluencia de vehículos de motor a Menorca. Se reserva la concreción del artículo 28 a la redacción de un reglamento (plazo de tres años) con el objetivo de evitar el riesgo a que la Unión Europea no encuentre suficientemente justificado la alteración de el derecho a la libre circulación. También incide en los aspectos educativos del anteproyecto de ley, evitando que marque contenidos curriculares.

En relación a la gestión del agua, Més per Mallorca (siempre con el voto favorable del resto de partidos del Govern) enmienda la presencia en la exposición de motivos de los términos «demarcación hidrográfica menorquina», y propone sustituirla por «el sistema de explotación de Menorca en el marco de la demarcación hidrográfica de las Illes Balears». Por otra parte, tanto el POSE, como Unidas Podemos introducen enmiendas para forzar el llamado pacto del agua para una gestión unificada de carácter insular de los recursos hídricos y se elimina el apartado en que el Consell propone recaudar el canon de saneamiento.

Las enmiendas también ponen freno a las pretensiones del Consell de tener vincular el reparto del Impuesto de Turismo Sostenible, la ecotasa, a la gestión de la Reserva de Biosfera, así como el reparto de los fondos del decreto de posidonia.

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