Misericordia Sugrañes y Cristóbal Marqués, en una imagen de archivo. | Gemma Andreu

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El Partido Popular de Menorca ha denunciado este miércoles que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son perjudiciales para los intereses de la Isla, al considerar que se basan en unas previsiones irreales. El senador Cristóbal Marqués, ha asegurado que el proyecto de ley es «malo para España y para Menorca porque dispara el gasto, el déficit y la deuda pública».

«No contemplan bajada alguna de impuestos a las rentas medias y altas, y la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, uno de los pocos organismos independientes que quedan en este país, ha sido claro en las carencias del proyecto en sus conclusiones», ha lamentado.

Además, ha tildado de «engaño» los presupuestos para Balears. «El régimen fiscal del REB tiene fecha de caducidad, que el factor corrector de la insularidad no sirve ni para alcanzar la media nacional en inversión del Estado, que no haya ni un euro para carreteras e incumple el mandato del Congreso para mejorar la indemnización por residencia de los funcionarios que trabajan en la comunidad», ha añadido.

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Presenta 15 enmiendas

El PP ha presentado 15 enmiendas por valor de 76 millones de euros. De la inversión prevista por el Estado, 6,5 millones de euros, el popular la ha calificado de «pírrica». También ha detallado que la partida se destina principalmente al aeropuerto y puerto, infraestructuras que se financian con los ingresos obtenidos.

Una de las enmiendas persigue evitar episodios como el del verano donde un helicóptero de la Guardia Civil desplazó efectivos ante la imposibilidad de cubrir los turnos. «Es intolerable, al igual que las promesas incumplidas para reforzar la plantilla de la Policía Nacional. Hemos pedido 18 millones de euros para el plus de insularidad de los funcionarios», ha indicado.

También han pedido 10 millones de euros anuales para carreteras y los próximos seis años. Para el ciclo del agua, han solicitado al Estado 13,5 millones de euros, así como 20 millones de euros para un plan de reconversión turística.