Trabajo en el Consell. Los miembros de la ponencia, que preside Pilar Carbonero y cuenta con seis representantes menorquines, antes de comenzar la jornada de trabajo de ayer, que se prolongó durante cinco horas en la institución menorquina. | Gemma Andreu

La ponencia del Parlament balear encargada de la ley Menorca Reserva de Biosfera concluyó este viernes la revisión del texto en primera vuelta. Antes de fin de año podrá ser aprobada, aunque la tramitación incluye previa a la votación el pleno su aprobación en comisión parlamentaria.

Y, más importante que la tramitación pendiente, tendrán que superarse los escollos que la propia ponencia ha dejado para un análisis y el acuerdo. La financiación, el desarrollo de la competencias y cómo regular las restricciones a la entrada de vehículos carecen de acuerdo entre los socios que forman el equipo de gobierno del Consell, impulsor de la norma.

PSOE, Més per Menorca y Unides Podemos deberán limar las diferencias o hallar alguna fórmula que permita alcanzar una resultado satisfactorio. Y probablemente deba negociarse con Més per Mallorca la delimitación del ámbito de la ley.

Recelos entre PSOE y Més

En privado admiten que se trata de un debate interno en el que Més tiene todas las de ganar desde el órdago inicial lanzado en la presentación de la iniciativa y el PSOE trabajaría para minimizar daños. El desafío de la ruptura del gobierno insular en abril permanece en forma de recelos.

Aquel episodio está superado y se trabaja como si no hubiera sucedido, pero se siguen expresando reparos por parte del PSOE a la extensa transferencia de competencias que propone la ley. No tanto por divergencias en la propopuesta sino porque «pueden hacerse exactamente igual sin ellas, es cuestion de voluntad política y seguir el mecanismo previsto en el Estatut», explica Damià Borrás, representante socialista en la ponencia.

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Admite asimismo que la limitación de la afluencia de vehículos de motor a la Isla halla dificultades de encaje en la legalidad y está resultando complicado hallar una fórmula. Ahora es visto como el principal escollo.

La financiación

Cómo se pagan las acciones de la reserva sigue siendo tema de discusión. No hay acuerdo cerrado y es uno de los puntos más cuestionados, particularmente por partidos de la oposición, en la propuesta inicial establecía cinco millones como aportación mínima de los presupuestos autonómicos y en el artículo 77 aparece finalmente esa cantidad de cinco millones financiada conjuntamente por el Govern y el Consell. El PSOE reconoce que es otro de los puntos pendientes de negociar.

Sobre el posible choque competencial con la administración del Estado, los informes ministeriales previos aportan tranquilidad, ya que sus consideraciones fueron recogidas en el texto final. Además, en los próximos meses está prevista la transferencia de las competencias de Costas a la Comunidad Autónoma, lo que allana el camino. No se descarta, sin embargo, que aparezca alguna advertencia por parte de la administración central una vez aprobada la ley.

Juan Manuel Lafuente, diputado del PP, que el día anterior lamentaba que no se admitieran ninguna de las alegaciones de su grupo, reconoce que no comparte el espíritu de la norma, aunque asume que saldrá adelante «siendo conscientes sus promotores de que incluye asuntos, que no aportan nada, son mera declaración de principios, que resultan intrascendentes en una ley como esta, no tiene otra explicación que la electoralista», declara.

Las claves
  1. El problema de limitar la entrada de vechículos

    No existe desacuerdo en el fondo de la propuesta contenida en el artículo 28 de la ley, pero no se halla una fórmula de aplicación sin vulnerar la legislación superior. Constituye uno de los grandes escollos todavía por resolver.

  2. La Autoridad Consultiva sale adelante

    El órgano independiente propuesto «para la buena administración de Menorca como reserva de biosfera» no presenta problemas por tratarse, como su nombre indica, de una función consultiva y no como autoridad independiente con facultades ejecutivas.

  3. Visto bueno al régimen sancionador

    Entre los capítulos que han salido adelante con el apoyo de los grupos de izquierda figura el régimen sancionador para las faltas leves o graves por incumplimiento de la ley. Se prevén multas de hasta 30.000 euros por, en algún caso, la actividad cinegética en determinados espacios.