Ha sido un proceso extremadamente largo. En septiembre de 2017 el Ayuntamiento cerró la negociación con los propietarios de los terrenos para el pago del justiprecio y ocupación de la parcela y puso los terrenos a su nombre. Meses después, una vez aprobada la modificación del Plan General para que este solar tuviera un uso administrativo, Ciutadella puso los terrenos a disposición del Ministerio para que iniciara el reivindicado proyecto.
No obstante, pese a ello y a que el propio pleno municipal aprobó en noviembre de 2021 la cesión, la situación se ha demorado al encallarse en el Registro de la Propiedad el cambio de nombre por un problema con la documentación entregada en la que no solo estaba implicado el Ayuntamiento sino también los herederos de los antiguos propietarios de terrenos afectados por esas expropiaciones.
Y el Ministerio, pese a tener el compromiso del Ayuntamiento y partida presupuestaria asignada en 2022 y 2023 (de 350.000 euros), no podía iniciar la tramitación del proyecto hasta que la parcela estuviera a su nombre.
Este lunes la alcaldesa Joana Gomila se ha desplazado a Palma donde ha firmado junto al delegado del Ministerio de Economía y Hacienda en Balears, Luís Antonio Bachiller García y al gerente territorial de Justícia de Balears, Enric Travesser, la mutación demanial de la parcela para que pase a manos del Estado y pueda levantar los futuros juzgados en estos terrenos de 6.583 metros cuadrados situados en Santa Rita.
Gomila destaca que con la formalización de la cesión firmada este lunes, «el Ayuntamiento cumple el compromiso de hacer posible la construcción de los nuevos juzgados y poner fin a las carencias y deficiencias que presentan los juzgados actuales»
Desde la aprobación definitiva por parte del pleno de la mutación demanial, el 25 de noviembre de 2021, el Ministerio de Justicia cuenta con un periodo de seis años para ejecutar la obra, que pueden prorrogarse cuatro años más. La obra, que parece que tiene asegurada al menos partida presupuestaria para los tres siguientes años (hasta 2026), puede costar unos 12 millones de euros.
Ciutadella hace dos años aprobó de forma definitiva el estudio de detalle del proyecto, que contempla un edificio único de planta baja, más un piso y dos plantas de sótano, en la que además se prevé un patio central abierto que iluminará y ventilará las dependencias judiciales.
2 comentarios
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Més propaganda es darres diés abans de ses eleccions.
Todo lo necesario para Ciutadella .se eterniza ya sea por el ayuntamiento o por el gobierno.ya veremos cuando empiezan y cuando acaban