Los partidos de izquierda celebran la aprobación de la Ley de la Reserva de Biosfera en febrero. | Pere Bota

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Paradojas de la alternancia política. El Grupo Popular se opuso con vehemencia al articulado durante la tramitación parlamentaria de la Ley de la Reserva de Biosfera, con la presentación de 200 enmiendas. Ahora, cuando Marga Prohens tome posesión de la presidencia del Govern, será el encargado de dirimir en la comisión bilateral con el Estado las discrepancias que han surgido sobre la supuesta inconstitucionalidad de 14 de sus artículos. Dos de los grupos políticos impulsores de la iniciativa legislativa que presentó el Consell, PSOE y Més per Menorca, llamaron este lunes al nuevo Ejecutivo popular a defender el texto como si fuera suyo.

«La ley está aprobada en el Parlament, hay que pedir lealtad a esos acuerdos aprobados por los representantes de la ciudadanía» defendía en declaraciones a 'Menorca - Es Diari' la diputada socialista Pilar Carbonero. La misma idea trasladaba el diputado autonómico de Més per Menorca Josep Castells: «Espero que el Govern defenderá lo que ha aprobado el Parlament». Explica que hasta que no se constituya la nueva cámara no pueden reclamar conocer los argumentos que esgrime la Abogacía del Estado para poner en duda la constitucionalidad de esos 14 artículos. «Podría ser una postura explosiva o algo banal».

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Ambos reclaman al Govern que sea sensible con las características especiales de esta ley, que surge de la iniciativa legislativa del Consell, para hacer partícipe a la institución insular de la negociación. Castells fue más allá y defendió que también se debería mantener al corriente a los partidos impulsores de esta normativa: «Sería deseable y de agradecer que el Govern hiciera partícipe de esta negociación a los grupos políticos que han impulsado la ley y a la institución que la ha propuesto».

El mensaje para Adolfo Vilafranca

Teniendo en cuenta que el nuevo equipo de gobierno del Consell también será del PP, Carbonero trasladó la misma demanda a Adolfo Vilafranca. «Esperemos que defienda lo aprobado». La socialista confirmó que el Govern tiene la potestad de nombrar a los miembros de la comisión y que es cuestión de voluntad política que cuente con la máxima institución de la isla a la que va destinada la Ley de la Reserva de Biosfera.

El diputado menorquín del PP Juan Manuel Lafuente lamentó que los partidos de izquierdas rechazaran la petición de los populares de pedir dictamen del Consell Consultiu. «Habría ahorrado disgustos». Reiteró la posición del PP contra una ley que «se salta el procedimiento para el traspaso de competencias, es marketing». Y dejó claro que la intención del PP es modificar esta ley «para hacerla práctica para los menorquines», aunque aseguró que esa intención va en paralelo a una comisión con el Estado que aborda temas técnicos..

Joan Huguet: «No hay nada que negociar, lo que tiene que hacer el PP es derogarla»

El abogado Joan Huguet, expresidente del Consell con el PP en el momento en que se aprobó la declaración de Reserva de Biosfera en 1993, sigue aprovechando cualquier ocasión para mostrar su repulsa por la Ley de la Reserva de Biosfera que se ha aprobado. Hasta el punto de que a raíz de la información publicada en este diario sobre la creación de una comisión bilateral con el Estado para dirimir la constitucionalidad de 14 artículos aseguró que «no hay nada que negociar, no se tiene que crear esta comisión, lo que tiene que hacer el PP es derogarla». Huguet ya dejó clara su postura radicalmente contraria al texto aprobado cuando por encargo del PP realizó un análisis jurídico-político de su articulado. «Tiene un contenido perverso, es un despropósito».

El apunte

La comisión bilateral va para largo y puede incluir al Consell

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio hace prever que la constitución de la comisión balear entre el Govern y la Administración General del Estado para dirimir las discrepancias sobre la Ley de la Reserva de Biosfera no será algo rápido. El diputado del PP Juan Manuel Lafuente aventura que será ya en otoño y asegura que este tipo de comisión, muy habitual, se podría resolver con el compromiso del Govern de adaptar la nueva normativa en un determinado periodo de tiempo.

En ese sentido, el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, aseguró que «la comisión no puede modificar la ley y el Govern no se puede comprometer a hacerlo, solo puede cambiarla el Parlament». Por su parte, Pilar Carbonero, subrayó que el Govern tiene la potestad de nombrar libremente a sus representantes y que puede perfectamente dar un asiento a un representante del Consell afectado. En lo que todos coincidieron es en el carácter más técnico que político de unas comisiones que buscan evitar por la vía del acuerdo los recursos de inconstitucionalidad.