La consellera de Ordenación del Territorio, Núria Torrent, en el pleno de este lunes. | Gemma Andreu

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El gobierno del PP en el Consell de Menorca no tiene ninguna intención de indemnizar con 30,6 millones a Protume, la empresa promotora del parque acuático de Biniancolla, que reclama esta cantidad como compensación tras ver que los tribunales han anulado la declaración de interés general que amparó su construcción sobre suelo rústico protegido.

El pleno de este lunes ha aprobado por unanimidad desestimar esta reclamación, lo que deja vía libre a la promotora del Splash para llevar el caso a los tribunales. Algo que, según la consellera de Ordenación del Territorio, Núria Torrent, no se traducirá en el pago de una indemnización con dinero público: «La izquierda quiere que el parque acuático sea el Cesgarden del PP, pero eso no pasará».

Fue, de hecho, un gobierno del PP con mayoría absoluta el que autorizó en el año 2014 la construcción del parque que la Justicia declararó ilegal. La portavoz del PSOE, Susana Mora, ha recordado que las dos artífices de esa declaración de interés general fueron la actual consellera de Territorio del Govern, Marta Vidal, y la diputada autonómica Salomé Cabrera.

«Parar a Marta Vidal»

Susana Mora sostiene que, diez años después, Marta Vidal sigue con la misma forma de hacer política y ha aludido al «decreto ómnibus» de su departamento que, según afirma, puede desembocar en nuevas indemnizaciones en el futuro «no para proteger el territorio sino para destruirlo». Por este motivo, ha pedido al PP que «pare» a su consellera.

Desde el equipo de gobierno, Núria Torrent ha recordado las indemnizaciones urbanísticas que ha tenido que afrontar el Consell por decisiones del PSOE, como Cesgarden o Princesa de Son Bou, y ha acusado al tripartito de izquierdas de retrasar «con una excusa falsa» el rechazo de la indemnización al Splash para «no llegar a las elecciones con una votación que exime de responsabilidad al PP».

En su réplica, Susana Mora ha admitido que el pago a Cesgarden fue una noticia «desastrosa» para los menorquines, pero ha recordado que se originó por proteger la primera línea de costa Son Bou. En cambio, lo sucedido ahora con el parque acuático es lo contrario: indemnizar después de haber recalificado un suelo protegido.

Evitar la indemnizacion

El conseller de Més, Josep Juaneda, ha recordado que el resto de parques acuáticos de Menorca están en suelo urbano: «El de Biniancolla no podía ser declarado de interés general porque no reunía los requisitos y el único informe favorable que obtuvo fue el de Turismo y lo firmó un director insular», ha recordado.

Juaneda coincide con el resto de grupos en que no se ha demostrado ningún daño a la promotora del parque, que a día de hoy sigue en funcionamiento, y de acuerdo con el dictamen del Consell Consutiu «es la empresa la que tiene la obligación de soportar el daño jurídico porque fueron ellos los que pidieron el interés general».

La consellera de Vox, Maite de Medrano, no ha intervenido en el debate si bien ha respaldado con su voto el rechazo a la indemnización.