Así, el fiscal pide 600.000 euros de multa a la empresa del principal inculpado, al que solicita tres años y medio de prisión y 2.700 euros de multa. Los dos acusados de receptación se enfrentan a 15 meses de cárcel si son declarados culpables. Sus respectivos abogados pidieron la libre absolución, o en su defecto, dado el tiempo transcurrido ya que los hechos datan de 2015, que las condenan se rebajen en dos grados.
La acusación mantuvo que el acusado principal hizo creer a los socios de una empresa con deudas que si le vendían las participaciones se haría cargo de ellas y de todas las particulares relacionadas con el negocio. No lo hizo, según el fiscal, pero sí se apropió de los dos locales de la pizzería que explotaba la empresa en Ciutadella para posteriormente transferirlos a otra sociedad, que a su vez los arrendó a otra. Según el contrato, el acusado no podía transferir los bienes inmuebles en un plazo de 8 meses. Su abogado defendió que no ha habido estafa, puesto que nadie se ha lucrado con las operaciones mediadas por un gestor inmobiliario ya desaparecido, debido a los embargos y que en todo caso había sido un incumplimiento de contrato.
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