El juez archiva el caso sobre corrupción y prostitución de menores en Maó

El juez ha cerrado la instrucción con la imputación de 13 personas relacionadas con el caso, quienes con toda probabilidad serán acusadas por el Ministerio Fiscal como responsables de un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud por las pruebas recogidas en estos más de tres años de investigación. En cambio, ha sobreseído provisionalmente la relativa a la explotación de menores porque de la investigación y las declaraciones de las adolescentes, casi todas ellas de 16 años de edad, no se acredita de manera suficiente que a cambio de obtener drogas o dinero mantuviesen relaciones sexuales con los imputados y otras personas.

El escándalo saltó a la luz el 14 de febrero de 2020 con la detención de cuatro de los ahora 13 investigados, entre ellos una mujer, tres de los cuales ingresaron en prisión por decisión del juez esa misma semana. La Policía Nacional, a partir de una denuncia del director de la Casa de la Infancia    por haber tenido conocimiento de que algunas menores residentes estarían inmersas en actividades relacionadas con la prostitución, inició las pesquisas que acabaron relacionando a 15 personas con los presuntos delitos. Finalmente dos de esas personas han quedado excluidas al no acreditarse su participación en los hechos delictivos.

Sí hay indicios sobrados para concluir que cuatro de los 13 imputados por tráfico de drogas eran quienes suministraban diversas sustancias estupefacientes a las menores de edad que aparecieron en la investigación, algunas de ellas vinculadas al centro de menores del Consell. Estos cuatro se enfrentarán a una pena mayor que la que pida el fiscal para los otros nueve imputados porque así lo contempla el código penal para quienes trafican con menores o personas con discapacidad.

Es Freginal, cuevas y casa

Tanto el tráfico de drogas como su consumo se desarrollaban, principalmente, en tres puntos de la ciudad: en zonas menos iluminadas del parque d’Es Freginal, en algunas cuevas situadas en la zona del skatepark, en Sa Sínia Costabella, que a raíz del caso serían cerradas con rejas metálicas por el Ayuntamiento, y en una casa okupada en la plaza del Príncep.

Las menores frecuentaban estos tres enclaves de la ciudad en los que también se habrían producido encuentros sexuales compensatorios que, sin embargo, no han podido quedar demostrados en la fase previa a la apertura del juicio. Especialmente en esta casa okupada por uno de los investigados, de nacionalidad dominicana, tenían lugar fiestas en las que los asistentes, menores y adultos, tomaban drogas y alcohol. En ellas participaban algunos de los ahora imputados y varias de las adolescentes de Maó, incluidas algunas de 13 años.

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Vecinos de ese inmueble declararon en su día a este diario que era frecuente el trasiego de las chicas y de hombres mayores que acudían a consumir y a mantener relaciones, y que los ruidos que salían de ella dejaban intuir lo que allí sucedía.

Sin embargo, en la fase de investigación, tanto el juez anterior que inició la instrucción como el actual no han podido acreditar que se cometiera explotación, corrupción y prostitución de menores. Las chicas interrogadas negaron que comerciaran con su cuerpo a cambio de drogas o dinero, y que fueran inducidas a ello. La manifestación de una de ellas que dijo que al menos una sí lo hacía fue desmentida por esta cuando le correspondió declarar.

Por este motivo, el juez precisa en su auto que «no esgrimimos que el hecho no se haya producido, pero sentamos que de las diligencias practicadas no se infieren indicios suficientes y racionales de criminalidad contra los investigados por el mismo».

Los imputados, relacionados entre sí, se encargaban de abastecerse de la droga y distribuirla en pequeña escala por Maó y otras poblaciones de la Isla a menores y adultos. En algunas ocasiones acudían a recogerla a una casa de la calle Captius de Constantinoble, en Ciutadella.

La Policía Judicial ha incorporado numerosas grabaciones telefónicas y seguimientos a los investigados, en los que se advierte su actividad delictiva a pesar de utilizar palabras en clave.

Derivado del tráfico de drogas, distribución y facilitación a menores de 16 años de edad, los investigados, por la sustancia estupefaciente, habrían obtenido un beneficio de 6.607 euros, valor de la droga incautada. Las sustancias intervenidas en los cinco registros en domicilios de la barriada de Andrea Doria, en la calle Fort de L’Eau y en la plaza del Príncep de Maó, entre otros, fueron pequeñas cantidades de marihuana, cocaína, MDMA, resina de cannabis, THC, cannabis, anfetamina, ketamina, Speed, éxtasis y feniletilamina.

Los 13 imputados son de nacionalidad española, dominicana y colombiana, entre otras. Tras el auto del juez, el Ministerio Fiscal y la acusación particular tienen un plazo de diez días para solicitar la apertura del juicio oral, si así lo consideran.