Parque Splash: cómo evitar un Cesgarden 2

La promotora ya ha firmado, en Madrid, los poderes para que el despacho de Francisco Javier Jiménez de Cisneros, catedrático de Derecho Administrativo, demande al Consell y también al Ayuntamiento de Sant Lluís para exigirles responsabilidades económicas.

El objetivo de los promotores consiste en alcanzar un acuerdo con las administraciones implicadas. En caso de llegar a este entendimiento, retirará automáticamente la reclamación de responsabilidad patrimonial de 32 millones de euros contra el Consell por los daños y perjuicios ocasionados.

Proclama, alegre y dicharachero, el conseller de Economía y Territorio, Josep Pastrana, que esta reclamación no tiene recorrido «porque el parque ha estado en funcionamiento, ha tenido actividad, no se han producido daños y perjuicios». Una peculiar interpretación de la actividad económica y el lucro cesante, que a partir de ahora deberá impartirse en los departamentos de Hacienda Pública para aplicarlo en el sector público, donde los recursos son aportados por los contribuyentes y las empresas vía impuestos y presión fiscal.

Según Pastrana, graduado en Educación Social y con másters en Protección Civil y Gestión de Emergencias, este irrebatible argumento jurídico -al que apuntará la litis contestatio de las demandas- aleja cualquier comparación con el ‘caso Cesgarden’. Aquel muy turbio asunto que costó 29 millones de euros a los menorquines, que aún no ha sido aclarado y cuyos responsables siguen desempeñando cargos políticos.

Un plazo de 30 años

El singular criterio del máximo responsable político de la ordenación territorial de Menorca, y de quien depende la redacción del nuevo PTI, no se entiende ni es de aplicación en la empresa privada.

Las actividades económicas, una vez obtienen autorización administrativa, adquieren carácter indefinido. Como mínimo, la ley ampara un plazo de treinta años para garantizar el retorno de la inversión y que pueda generar beneficios.

Olvida el conseller Pastrana que no se aprueban instalaciones fijas sólo para ser utilizadas y gestionadas con un plan de negocio para siete años.

El objetivo de los promotores del parque acuático de Biniancolla consiste en evitar que se origine un ‘Cesgarden 2’ al Consell, que acabaríamos pagando todos los menorquines, como ya ocurrió con el primero.

Por ello, ya han manifestado tanto a la presidenta Susana Mora como a la alcaldesa Carol Marquès que prefieren un acuerdo administrativo en lugar de cobrar una indemnización. De momento, el pleno municipal, con el voto a favor del PSOE, Volem Sant Lluís y el concejal no adscrito Jorge de Diego, optan por anular la licencia y remiten el expediente al Consorcio para la protección de la legalidad en suelo rústico para que proceda a la demolición de las instalaciones.
En cualquier caso, al final del recorrido judicial el juez descontaría los años en que la actividad ha estado abierta.

Sorprende también la particular interpretación de los servicios jurídicos municipales, que descartan cualquier responsabilidad y ‘pasan la pelota’ al Consell, que aprobó la declaración de interés general. Cierto, pero quien concedió la licencia, que ahora ha anulado, no fue la institución insular, sino el Ayuntamiento de Sant Lluís. De ahí que sean codemandados el Consell y el municipio lluïser. Continuará, evidentemente.

A la fiscalía

El otro gran tema de la semana, al que se ha añadido un reparto de la ecotasa que incumple los acuerdos aprobados por la Comisión Consell-Alcaldes, son las irregularidades en la planta de Milà, desveladas y documentadas por «Es Diari».

Prospera la propuesta de los consellers del PP y Cs, y el pleno del Consell acuerda trasladar a la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears la «documentación relativa a la investigaciones en curso». Pero no hagan trampa y remitan al fiscal todos los papeles, incluidos los indicios evidentes de cobro irregular.

El conseller de Medio Ambiente, Josep Juaneda tuvo la oportunidad de consolidar su candidatura a la presidencia del Consell con un uso inteligente de esta patata caliente.

Pero, sin autocrítica intenta minimizarlo al calificarlo de «ruido». Y, sin rubor, tampoco sin argumentos, sostiene que es «una maniobra política; la derecha intenta convertir una irregularidad, sancionable si se demuestra, en un escándalo».

El ‘caso Milà’ no es una tema de la derecha ni de la izquierda. Es un conjunto de hechos que han evidenciado malas prácticas e irregularidades. El Consell debe aclararlos en lugar de negarlos o silenciarlos.