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El Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de Menorca -integrado por el Consell y los ocho ayuntamientos de la Isla- debate hoy la propuesta de su presidente, el conseller de Economía y Medio Ambiente, Fernando Villalonga, para encargar una auditoría que determine las responsabilidades en las decisiones y actuaciones que han provocado graves problemas con la clausura del vertedero de Milà.

Entre las cuestiones a aclarar sobresale el cambio de proyecto, durante el anterior mandato, para ampliar el vertedero, que fue encargado a Terratest. La Comisión Balear de Medio Ambiente, también con el Govern del Pacte, autorizó esta obra y obligo a utilizar un material impermeabilizante propuesto por la empresa proyectista, que era la única instaladora en España.

Es preciso determinar el papel de los técnicos de Medio Ambiente, inspiradores de una modificaciones que han acarreado unas deficiencias cuantificadas en 1,2 millones de euros. Ya se ha definido una solución para reabrir el vertedero en marzo, presupuestada en 380.000 euros. Corresponde ahora al consorcio agilizar esta solución para evitar más sobrecostes y liderar la depuración de todas las responsabilidades.