Editorial11/11/17 0:00
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La presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, abandonó ayer la cárcel de Alcalá-Meco tras abonar la fianza de 150.000 euros que le impuso el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Los otros miembros de la mesa de la Cámara tuvieron que hacer frente a cauciones muy inferiores o quedaron libres. Estas medidas cautelares impuestas por el Supremo contrastan con la dureza de las fijadas por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela al cesado vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y seis exconsellers, así como a los dirigentes de Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana. Todos ellos siguen en prisión acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

Llarena y Lamela coinciden en el fondo de la querella interpuesta por la Fiscalía contra los promotores del proceso sececionista catalán, pero su manera de proceder es muy distinta. Forcadell y los miembros de la mesa del parlamento aceptaron las consecuencias del 155.

Por economía procesal y coherencia es preciso que esta cuestión pase, lo antes posible, a la jurisdicción del Tribunal Supremo para evitar la actual divergencia con la Audiencia.