El bloqueo de la unidad de actuación A3 de Santandria, que desde hace quince años mantiene en vilo a promotores y propietarios, ha motivado la interposición que contenciosos contra el Ayuntamiento de Ciutadella y contra el Consell. En el primer caso por no haber adaptado el Plan General de Ordenación Urbana al Plan Territorial Insular; y al Consell por no haberse subrogado las competencias municipales para esta adaptación del planeamiento municipal al PTI.
Serán los jueces quienes tendrán que pronunciarse sobre esta demora de las administraciones competentes en la gestión urbanística de Menorca que ha paralizado el desarrollo de esta zona turística y residencial. En este caso los funcionarios del Ayuntamiento admiten que «políticamente se puede aceptar que hay inoperancia al no haber adaptado el planeamiento municipal» pero a continuación el concejal José López añade que «jurídicamente no tenemos ninguna obligación de adaptarnos al PTI, sólo es una posibilidad».
¿Qué es este juego de despropósitos? ¿A qué han de atenerse los propietarios y los promotores? ¿Dónde está la seguridad jurídica ante estas graves contradicciones e incoherencias de las administraciones de Menorca?
