El documento para la aprobación inicial del Plan Territorial de Menorca, presentado el pasado 22 de marzo, dos meses antes de las elecciones que cerrarán el actual mandato, incluye la demolición «en el menor plazo posible» de los ‘hortals’ fuera de ordenación. Esta medida punitiva se aplicará en los casos que las edificaciones ya construidas no puedan adaptarse a los parámetros que fija el nuevo planeamiento insular.
La advertencia de demoliciones ha movilizado a los potenciales afectados que se consideran en situación de indefensión, por lo que han iniciado una recogida de firmas para oponerse a tan drástica solución. Al mismo tiempo reclaman alternativas para resolver una vieja problemática que ya existía cuando se aprobó el PTI del 2003, que se ha mostrado incapaz de hallar una salida acertada. Se trata de aplicar el sentido común para restablecer la legalidad, cierto, pero teniendo en cuenta que muchas de las construcciones susceptibles de ser derribadas o motivar elevadas sanciones son la primera vivienda o bien son habitadas de forma permanente. La administración insular debe atender estas demandas, pero difícilmente podrá dar una respuesta antes del 26 de mayo.
