Los paros en compañías aéreas de bajo coste, como Ryanair o Easyjet están teniendo un notable impacto en los aeropuertos de Balears. Decenas de vuelos son cancelados o retrasados por las huelgas que convocan los sindicatos, tanto en España como en sus países de bandera. Miles de pasajeros resultan afectados. Empresarios del transporte y hoteleros reclaman al Gobierno que ‘regule’ estas huelgas durante la temporada turística. La elección de estas fechas responde a la estrategia sindical. Los paros suponen para los pasajeros la suspensión o demora de sus trayectos, y en muchas ocasiones implican la pérdida de las vacaciones o de otras conexiones. La inquietud de los empresarios turísticos es comprensible, pero no es fácil atender su demanda de ‘regulación específica’ del derecho a la huelga de estos trabajadores. No es la primera ocasión que se reclama un marco jurídico que no deje indefenso al consumidor frente a los paros y huelgas, en especial cuando se ven afectados servicios esenciales como limpieza, sanidad, transporte, seguridad y suministro de agua. El catálogo es amplio, pero el derecho a la huelga en España tiene un claro amparo constitucional. Quizá, y como medida más directa, cabría empezar por garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos bajo amenaza de severas sanciones en caso de incumplimiento.