La limitación de la venta de inmuebles a extranjeros en Balears abre un vivo debate que provoca apoyos y rechazos. Al mismo tiempo, se pone sobre la mesa una reglamentación restrictiva del acceso de los no residentes en las Islas a casas o pisos.
Con esta medida se pretende frenar el encarecimiento del mercado inmobiliario o el proceso de gentrificación de centros urbanos, aun cuando estas iniciativas vulneran la normativa europea en vigor. El mercado inmobiliario de Balears registra una gran demanda por parte de compradores extranjeros y también de la península, que ha disparado los precios, tanto en obra nueva como en vivienda usada. En rústico y en urbano. La oferta de lujo, inalcanzable para la mayoría de las economías locales, se impone en los catálogos de las inmobiliarias para responder a unos propietarios que buscan el buen clima, el paisaje y también ven una opción de negocio.
Diagnosticado el problema, no prosperarán propuestas irrealizables en el marco jurídico español y europeo. Exigir la residencia previa a un ciudadano de la UE para adquirir una propiedad en Balears supone un cambio en el Tratado de Adhesión que firmó España; y quedan por aclarar las condiciones para los extracomunitarios. Es mucho más razonable apostar por soluciones prácticas para abaratar el precio de la vivienda y huir de efectismos populistas.
