El acceso a una vivienda digna y a precio asequible lidera el ranking de problemas ciudadanos en Balears. Una cuestión que genera malestar e incertidumbre entre las familias trabajadoras cuyos ingresos no les permiten adquirir un piso por el encarecimiento de las hipotecas. Y también dificulta la emancipación de los jóvenes, retrasa su proyecto de vida y formar nuevos núcleos familiares. Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez da largas a la posibilidad de limitar la compra de vivienda a los ciudadanos no residentes en las Islas, tal como reclaman Més y Podemos.
El Ejecutivo de coalición afirma que el Tratado de la UE prohíbe restringir la circulación de capitales a los estados miembros, así como entre estos y terceros países. Esta libertad ampara el derecho de los ciudadanos europeos a adquirir segundas residencias en otro Estado de la Unión. De forma simultánea, la presidenta del Govern, Francina Armengol, rechaza la propuesta del Ajuntament de Palma para construir pisos prefabricados con contenedores marítimos. Una eficaz política de vivienda pública ha de ser una prioridad del Govern con medidas para responder a quienes han de malvivir en autocaravanas, sótanos sin ventilación, locales sin cédula de habitabilidad y familias que deben compartir pisos reducidos al no poder pagar alquileres cada vez más elevados.
