Este diario ha publicado en la última semana un extenso informe sobre el caso CITUR, al tener acceso a la documentación de la querella criminal presentada por UPCM, acusando a Gabriel Cardona, Avel·lí Casasnovas y Llorenç Brondo. Los datos son tan evidentes que puede afirmarse que la gestión de CITUR es un caso de corrupción política. Las irregularidades son tantas y tan evidentes que es imprescindible la intervención de la Fiscalía y alcanzar una resolución judicial. Al ministerio público y a la Justicia les compete determinar si hay motivos para una condena por la vía penal. Sin embargo, hay que exigir respuestas políticas. Casasnovas y Brondo, principales responsables de la gestión del anterior equipo de gobierno de Ciutadella, están retirados de la actividad pública y deberán dar explicaciones ante la Justicia. Gabriel Cardona sigue siendo concejal del Grupo Mixto y afiliado a Unió Menorquina. A estas entidades les corresponde analizar con rigor la documentación de este caso y decidir las medidas que deben tomar. No hace falta esperar a una imputación para aplicar criterios políticos y pedir la dimisión de Gabriel Cardona, a no ser que éste explique con detalle a los ciudadanos adónde fue a parar el dinero público de la fundación Ciutadella Turisme (CITUR).
Editorial
CITUR, un caso de corrupción política
08/08/10 0:00
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