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Cataluña y los pueblos castellanos son dos realidades que, aunque de orígenes culturales y políticos comunes, han sufrido momentos muy críticos en sus reciprocidades, los cuales hasta hoy se solucionaron mediante un fecundo "tejido" de relaciones civiles, en particular de carácter industrial y mercantil. Ocurrió a mediados del siglo XVII; después en la primera mitad del XVIII a raíz del Tratado de Utrecht; también durante la segunda república y ahora en la depresión económica que padecemos todos desde 2008.

Los gobiernos españoles de los últimos veinticinco años en su afán comprensible, un tanto desmedido, de europeizar España olvidaron que Cataluña como el País Vasco habían sido las fábricas de la España moderna. Este descuido unido a las políticas económicas ultraliberales lleva a una pérdida de identidad de Cataluña dentro de España y, por su parte, el Estado español ve amenazada su vertebración política. El doble problema requiere una urgente solución y esta tiene un componente doméstico determinante. Para ello España tiene que recuperar su soberanía política, que en lo económico implica volver a planteamientos mercantilistas, huyendo del vendaval liberal. En ese empeño, Cataluña, vía negociación con los gobiernos de Madrid, cabría reorientase su protagonismo histórico dentro de una causa común con España, en lugar de buscar su identidad en solitario, a lo que lógicamente se ve abocada como nación; pero con horizontes indefinidos, al menos en perspectiva económica.

El mercantilismo catalán tiene que integrarse en la causa que aqueja al conjunto de España y luchar unitariamente en recuperar los instrumentos políticos y financieros propios del Estado, cuya identidad constitucional pasa por salir primero de la asfixia económica. En último análisis no se entiende la Historia de Cataluña sin España, ni la Historia de esta sin Cataluña. En el pasado, las crisis surgidas entre las dos realidades se resolvieron a menudo, no siempre, a través de oportunas negociaciones.

La República catalana alcanzada bajo la protección del Rey de Francia y de Richelieu se liquidó en enero de 1653, después de un decenio, retornando Cataluña a la monarquía hispánica; a cambio, los catalanes recuperaron los "usatges" y privilegios propios. El tema es complejo y hay que entenderlo en la perspectiva de los intereses estratégicos de las casas reales y de las cortes europeas de entonces. Felipe IV reconocía el carácter de nación –el Rey utiliza este término en sus decretos a las Cortes- al Principado de Cataluña; pero aparentemente el Conde Duque de Olivares intentó la desnacionalización catalana en un contexto de declive económico de España; finalmente se volvió al punto de partida, pero con el Rosellón para Francia.

En el siglo XVIII, la victoria de Felipe V, de la Casa de Borbón, sobre el candidato de la de Casa de Austria para la sucesión a la Corona de España supuso la derogación de los fueros catalanes, quienes habían estado en el bando de los austríacos; y asimismo supuso el establecimiento de una nueva planta fiscal para toda la Corona de Aragón, mediante impuestos directos de producto que aumentó allí la presión impositiva respecto a la de antaño y en relación a la que regía para las veintidós provincias de León y Castilla, que conservaron hasta 1845 el orden tributario basado en las rentas provinciales, de naturaleza indirecta, siendo en su mayoría impuestos sobre el consumo.

Con Carlos III se enderezaron las relaciones entre catalanes y castellanos. Entre otros extremos se abrieron en 1765 los mercados americanos al aguardiente y tejidos catalanes, así como a la emigración de estos a América, lo que generaría acumulación de rentas para la ulterior industrialización de Cataluña. Además, la política inspirada por Jovellanos atrajo a ilustrados catalanes a la Real Academia de la Historia, promoviendo traducciones al castellano de libros como el El Llibre de Consolat de Mar por Antonio de Capmany. Un error de los borbones ilustrados fue dejar de convocar a las Cortes, que habitualmente venían convocando los Austrias.

En el siglo XIX y, sobre todo, en la etapa de la Restauración política, observamos, al menos en apariencia, un maridaje entre la sociedad catalana burguesa con el resto de España, sellado con las prácticas proteccionistas favorecedoras para la creciente industria textil catalana, beneficiando también los intereses económicos de la siderurgia vasca y de los cereales castellanos, mediante, sobre todo, los aranceles de 1891 y de 1906; perdurando un fuerte proteccionismo hasta el Arancel de 1960.

La prosperidad económica catalana había comenzado a declinar con las quiebras de los sucesivos bancos significativos de la economía de Cataluña. El Banco de Barcelona quebró en 1920, el de Cataluña en 1931 y el Banco Hispano Colonial, que sobrevivió a la guerra civil gracias al Banco Central, acabó siendo absorbido por este en 1950. En el plano político, el fracaso de la revolución de 4 de octubre de 1934 hizo efímera la proclamación por Lluís Companys del Estat catalá, que duró tres días. El triunfo del Frente Popular de febrero de 1936 restableció la Generalitat y el Gobierno de Ll.

Companys, quien campearía los duros y polémicos avatares de la guerra civil, sobre todo durante el año 1937; siendo fusilado acabada la guerra, como es sabido.
Cataluña, a igual que el País Vasco, fue la fábrica del desarrollo económico de la España contemporánea hasta la crisis del petróleo y, si se me apura, hasta la entrada de este país en el Mercado Común en 1986. No obstante, la europeización de España ha implicado una pérdida substancial del sector industrial español, que nunca se reconvirtió y que arrastró a Cataluña y al País Vasco a un declive económico del que Cataluña no se ha resarcido; además la política económica liberal extrema de la Unión Europea no prevé en los tiempos que corren medidas para una recuperación económica efectiva. Desde tiempos modernos en la mayoría de los pueblos y capitales de provincia españoles hubo negocios y representantes mercantiles catalanes vinculados a las manufacturas del Principado, constitutivas de un mercantilismo que algunos calificaron de cameralista.
El gobierno español tendría que plantearse colaborar en el retorno de Cataluña a su condición de fábrica del Estado, más competitiva también en los mercados exteriores, para ayudar a resolver el futuro que implica el esfuerzo económico de todos los españoles y adoptando medidas que garanticen la soberanía política española, hoy menguada, para superar el declive económico actual, fundándose en una plataforma unitaria que encare los problemas con optimismo y realismo crítico positivo; y no en políticas liberales que conducen a dependencias erráticas llevaderas a un callejón sin salida. Así no se puede continuar.