El Ayuntamiento de Maó, presidido por la alcaldesa Agueda Reynés, ha aprobado la legalización de las obras que la primera edil llevó a cabo en su vivienda en 2006. Estamos hablando de una habitación de 15 metros cuadrados de superficie que incorporó a la casa en la urbanización Cala Llonga.
Siete años después, la Junta de Gobierno da un plazo de seis meses para iniciar el derribo de este espacio porque las obras, realizadas sin licencia, no son susceptibles de ser legalizadas. El coste de la demolición asciende a 600 euros, mientras que la sanción se situará en torno a los 1.800 euros.
El caso de la habitación añadida al garaje de la casa de la entonces candidata Reynés saltó en la recta final de la campaña electoral del 2011. Agueda acudió a las dependencias del Ayuntamiento y manifestó la voluntad de resolver el problema, filtrado con evidente intención.
Una vez elegida, los servicios técnicos municipales han tramitado el expediente disciplinario que concluyó con el acuerdo aprobado el lunes, tras la conclusión del informe elaborado por la teniente de alcalde de Urbanismo, Ana Lía Noval.
Agueda Reynés ha asumido los hechos, no los ha ocultado y ha dado la cara por unas obras similares a las realizadas por muchos otros ciudadanos, que también han sido objeto de expediente y sanción.
Pero a diferencia de quienes también han vulnerado, sin mayor trascendencia, las normas urbanísticas, al tratarse de unas obras en la casa de la alcaldesa de Maó, adquieren resonancia y llegan a la opinión pública.
Quienes se dedican a la función pública deben dar ejemplo. Estos 15 metros cuadrados han puesto de manifiesto que la administración municipal de Maó ha actuado con rigor, y Agueda Reynés ha asumido sus responsabilidades.
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