La finca rústica Alfurí de Dalt, adquirida en 1999 por la Dirección General de Costas, constituye un ejemplo de mala gestión del patrimonio público. Este lloc, situado al norte de municipio de Ciutadella, fue expropiado por 400 millones de pesetas (2,4 millones de euros) para acoger un centro de educación ambiental y ser ejemplo piloto de desarrollo sostenible en el medio rural de Menorca.
Quince años después, no se ha llevado a cabo ninguna de las actuaciones anunciadas en Alfurí de Dalt y las cases de lloc presentan un preocupante proceso de degradación y deterioro.
Ni plan de usos, ni centro de formación medioambiental, ni equipamiento para interpretación de la naturaleza, ni banco de datos y espacio abierto a las buenas prácticas agrícolas.
Una finca de 256 hectáreas que espera decisiones políticas para acoger actividades que le den usos concretos, más allá de unas precarias tareas de conservación y mantenimiento.
Alfurí de Dalt es un hábitat protegido por la Ley de Espacios Naturales de Balears declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) que debe ser gestionado por Parques Naturales. Una finca pública que demanda respuestas y actuaciones.
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