Primero fue Eivissa, después Mallorca y ahora crece el mismo problema en Menorca. Existen escasas viviendas en alquiler y los precios se han disparado. Las causas son diversas. Muchos propietarios prefieren destinar sus pisos al alquiler turístico, porque la falta de una regulación mejora el margen de beneficio. Está por ver de qué forma la nueva legislación pone un poco de orden. Es decir, sin impedir que las familias propietarias puedan tener unos ingresos que necesitan, pero que evite los negocios sin responsabilidad. De momento, el Consell, a quien el conseller balear de Turismo, Biel Barceló, les transfiere la decisión final, no parece tener muy claro cómo afrontar la problemática.
Hace solo dos años, las viviendas que no se vendían se destinaban al alquiler y los precios eran mucho más asequibles. El efecto post-burbuja de la construcción, ahora que se animan las ventas de inmuebles, también ha restringido la oferta de alquiler.
Al inicio de la temporada turística, la demanda para poder encontrar una vivienda se dispara. Las agencias de mudanzas ya programan sus servicios para dentro de dos semanas. Y los precios son cada día mayores.
Ya no se trata solo de una problemática que afecta a personas sin recursos, sino que perjudica a un gran número de trabajadores, con sueldos congelados, que no pueden acceder a la mensualidad que se exige por una vivienda digna.
Es positivo que el Consell reaccione a las urgencias, con el alquiler de un piso en cada municipio para necesidades perentorias. Habría que revisar también la opción fallida de usar pisos de la Sareb. Sin embargo, la problemática no es solo de objetivos urgentes, sino mucho más amplia, por lo que la política de vivienda no puede ser solo la que depende de un informe de servicios sociales.
