A lo mejor a Fernando Rubió le haría cierta gracia que su nombre siga abriendo tantos días la portada del diario. Porque su sentido del humor y su filosofía de la vida, según cuentan, le hacía relativizar los problemas, una fórmula sin duda útil, como mínimo, para que estos no crezcan y se multipliquen.
En la polémica permanente de la Fundació Rubió deberíamos ser capaces de diferenciar el enfrentamiento de la familia del mecenas con los patronos de los que es la aportación que la Fundació realiza a la cultura y a la sociedad menorquina. Lo primero se ha de dirimir en los tribunales y no es cuestión de alentar los resentimientos con un periodismo de declaraciones.
Es verdad que la aportación pública ha sido escasa como lo ha sido el rendimiento de los recursos económicos que Fernando Rubió legó a su Fundació. Pueden existir discrepancias sobre la buena o mala gestión de los patronos, pero no se pueden ir difundiendo acusaciones que la familia no ha sido capaz de demostrar ante un juez.
Ahora que la Fundació, gracias a los ingresos del alquiler de Mongofra, empezaba a presentar un programa de actividades interesante, el Protectorado (el Govern), que curiosamente debe velar para que la Fundació cumpla sus objetivos públicos, anula el contrato con Dimitri Sturdza. Y en su resolución incluye dos folios del informe encargado por el Protectorado al economista Miquel Amengual llenos de acusaciones a los responsables de la Fundació, sin aportar un solo dato, con unos argumentos que coinciden con los del abogado de Mercè Rubió.
El Protectorado está obligado a valorar este informe económico y posicionarse con claridad. O acepta este análisis «técnico» y manda un hombre de negro a la sede de la Fundació o descalifica sus conclusiones. Forma parte de su responsabilidad.
