El propietario de una casa ocupada en el Cós de Gràcia de Maó deberá aguardar varios meses más hasta que pueda recuperarla, pese a que una sentencia judicial le ha dado la razón para que la familia que se introdujo en ella ilícitamente hace al menos un mes y medio la desaloje.
Los ocupantes, que no pudieron acreditar habérsela alquilado a otra persona como sostuvieron en el juicio, y alegaron que carecían de recursos, han presentando recurso de apelación ante la Audiencia Provincial lo que dilata el proceso para que se ejecute la sentencia. Es decir, que seguirán viviendo en la casa sin que su propietario pueda evitarlo.
El Congreso de los diputados ha aprobado esta semana una proposición de ley para desahuciar a «okupas» de viviendas de personas físicas, instituciones públicas y ONG en 20 días, en lugar de en los dos años actuales. Tras el requerimiento judicial los ocupantes dispondrán de 5 días para justificar su situación de posesión de la casa, y si no lo hacen, no cabrá recurso, deberán desocuparla.
Se trata de una iniciativa exprés que pretende acabar con la indefensión de los propietarios de inmuebles en un tiempo en el que la patada en la puerta para ocuparlos está demasiado extendida sin que se protega a los dueños.
Los derechos de cada uno acaban cuando se invaden los de los demás en cualquier circunstancia. Por tanto, la solución al desamparo, a la falta de recursos y al derecho legítimo a la vivienda no debe recaer sobre el ciudadano que paga o ha pagado hipotecas e impuestos de los bienes inmuebles que posee, los utilice o no circunstancialmente, para que estos le sean invadidos a la brava. Corresponde al Estado y a las administraciones proponer salidas que no vulneren la propiedad privada.
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