El presidente del Gobierno ha anunciado una reformita de la Constitución para evitar el aforamiento de sus señorías. No sabemos si tomarlo en serio de alguien que rectifica a sus ministros (defensa de Llarena, corbetas de Navantia ) y a su vez rectificado por ellos (impuesto para el diésel, que la ministra consideró un globo sonda de Sánchez), pero tiene pinta de broma, de estrategia para desgastar a otros.
Es poco creíble lo que plantea -reforma exprés, la ha llamado- porque todo cambio requiere ahora mismo del acuerdo de los cuatro partidos que conjuntamente suponen una mayoría sólida y los votos requeridos para la reforma o revisión (dos tercios o tres quintos) de la Cámara. Dada la provisionalidad del gobierno, se podría plantear la revisión, que es una reforma más amplia y supondría la convocatoria de elecciones, pero ese escenario choca con un aspecto esencial, la imposibilidad del mínimo consenso entre PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos en el crispado panorama del momento, que nada tiene que ver con los albores de la etapa constitucional.
Si no fuera por tales cirscuntancias, más el agitado asunto catalán, toda reforma del texto del 78 llegará tarde. Posiblemente, demasiado tarde.
El punto de partida de Sánchez pretende corregir un aspecto ‘inconstitucional’ de la Constitución, no es el único, Por un lado, el artículo 14 dice que los españoles «son iguales ante la ley» pero luego el 71 señala que diputados o senadores «no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva» y solo ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Es solo un ejemplo, la igualdad es el talón de aquiles de la Constitución. El despliegue del estado autonómico ha multiplicado la desigualdad sobre todo en los ámbitos sanitario y educativo a niveles preocupantes.
