Ignoro el alcance que tendrá hoy la noticia y además soy contrario a hablar de la propia profesión, pero no es la profesión sino algo más grave que la célebre ‘ley mordaza’. La Policía realizó ayer sendos registros por orden judicial en Europa Press Baleares en Palma y en Diario de Mallorca. En el primer caso se llevaron material escrito, dos ordenadores y el teléfono de la periodista. Ni siquiera la dejaron llamar a un abogado. En el segundo, la empresa se plantó y no se llevaron nada pero el periodista ha sido citado ya en el juzgado. Y ya se sabe qué pasa si no acude a la hora fijada.
Todo obedece a la investigación de las filtraciones relacionadas con el caso Cursach, un empresario mallorquín que presuntamente había untado a policías y cargos públicos.
El juez se ha cargado de golpe el derecho al secreto profesional, la última -realmente la única- garantía de amparo del periodista para contar lo que sabe desde la convicción de que se trata de información veraz. Si hay filtraciones, la jurisprudencia exime de este delito a los periodistas y lo atribuye a los funcionarios que, en cada caso, han facilitado la información, pero siempre es más fácil ir a por el débil.
Si se menoscaba la libertad de prensa, se erosiona el derecho a la información libre y plural. Lo reconoce el artículo 20 de la Constitución, hay que releerla.
De la importancia del secreto profesional explica la FAPE (Federación de Asociaciones de Prensa de España) que es un derecho que tiene una doble finalidad: ampara al periodista de los requerimientos de terceros (Administración o tribunales) para que revele sus fuentes y, por otro lado, ampara también a la fuente que le ha revelado la información. Otra cosa es equivocarse, que se arregla rectificando.
Por tanto, lo ocurrido ayer en la isla de al lado tiene más trascendencia de lo que parece para el ejercicio de este trabajo.
