Estoy convencido de que la mayoría de jueces sabe perfectamente que su oficio consiste en aplicar las leyes, no en impartir justicia. Las leyes, en democracia, han de aproximarse al máximo a lo que social y políticamente se considera justo, pero también es lícito pensar que una ley es injusta y oponerse a ella. Sin embargo, respetar las leyes, aunque muchas no nos gusten, crea un marco de convivencia que conviene preservar. Por otro lado, aplicar todo el imperio de la ley o la ley con todas las consecuencias puede ser muy injusto.
Hay múltiples ejemplos de ello. Uno reciente es el de la familia afgana retenida en Menorca con pasaportes falsos, que huía de su país porque los talibanes les habían amenazado de muerte (algún familiar ya ha sido asesinado). No querían pedir asilo porque su objetivo era llegar a Londres donde tienen familiares. La ley obliga entonces a tramitar una orden de expulsión y devolverles a su país, donde pueden perder la vida. ¿Es justa la ley en este caso? ¿Es positivo que organizaciones como el Fons, que gestiona dinero público, colabore para encontrarles una salida? ¿Es negativo que incluso la Policía mire para otro lado para que los afganos puedan encontrarse con su familia? ¿Es mejor sociedad la que cumple la letra pequeña de la ley o la que es flexible, humana, solidaria?
El riesgo hoy para esta democracia low cost es que la política ceda a los jueces el papel de hacer justicia, porque entonces los hombres de la toga lo que van a hacer es aplicar la ley. Sacralizar la ley por parte de los políticos y también la Constitución encorseta y limita la capacidad de resolver los problemas y los conflictos. La justicia es ciega, porque no se trata de hacer leyes como trajes a medida de cada nuevo conflicto social o político, pero para que sea justa precisa de unos políticos que no la utilicen como una porra ni se apropien de ella.
Recuerden la sabiduría de l’amo en Xec. La ley «ha anat bé però la justícia és morta».
