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La primera fase de la campaña de vacunación contra la covid-19 avanza en Menorca y gran parte de los residentes en geriátricos han recibido la inyección, pero no ocurre igual con el personal: 251 trabajadores, según el primer balance de Salud, de los poco más de 400 que forman las plantillas, se han vacunado ya. Cuando en diciembre comenzaron a recogerse los consentimientos de los usuarios –bien por ellos mismos o con la firma de familiares o representantes legales–, así como de los trabajadores, la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, respondió a los periodistas sobre la voluntariedad de la vacuna, también en puntos especialmente vulnerables como dichos centros, e insistió en que ponérsela es libre, esas son las instrucciones del Ministerio de Sanidad. Pero dudó, y cito textualmente, de que «un profesional que ha visto el impacto que ha tenido el virus en las residencias y cuyo trabajo se basa en la evidencia científica se niegue a ponerse una vacuna». Unas semanas más tarde vimos cómo eso no es así, mientras la aceptación media era elevadísima entre los mayores, más de un 90 por ciento, entre los trabajadores la mitad se mostró reticente y luego la aceptación subió al 68 por ciento; ahora mismo ha recibido la primera dosis un 52,6 por ciento de este colectivo. Las autoridades sanitarias aclaran que no es desconfianza, sino que algunos trabajadores desean aclarar dudas puntuales. Aun así eso supone que un centenar largo de empleados no lo tiene claro, y eso no anima al resto de la población. Además podría ser un problema para los geriátricos si quienes están en contacto con un colectivo de riesgo rechazan inmunizarse o lo hacen con retraso. Nadie cuestiona su libertad de elección, pero veremos hasta qué punto se puede compatibilizar con el trabajo, los viajes o la vida misma si se quiere frenar el coronavirus, o si finalmente la vacuna es voluntaria en la teoría e indirectamente obligatoria en la práctica. En Gipuzkoa ya ha saltado la alarma, la dirección de un centro de día no quiere vacunar a sus mayores ¿hay un plan B por si algo similar sucede en Balears?