Oro parecía, pero plátano es. El caso Puertos se ha deshinchado con las primeras declaraciones de los investigados. Si las partes que siguen bajo secreto de sumario tiene la misma consistencia que lo visto esta semana, apaga y vámonos.

Parecía que había caso. Sobre todo porque un técnico de APB, Fernando Berenguer, antiguo jefe de Explotación, había mantenido dos conversaciones con miembros de Sernautic, que fue grabada por estos, en las que hablaba de las presiones políticas para que los amarres de Ponent se concedieran a los empresarios de Maó, pese a que su propuesta (de Sernautic) era más económica. Pues en el Juzgado, no pudo negar lo que dijo, porque está grabado, pero se desdijo de todo. Ni una sola intución de irregularidad en el concurso. Lo dijo todo -dice- para agradar a los empresarios. Vaya metedura de pata. Menos mal que está jubilado porque de lo contrario habría que abrirle un expediente.

El cesado presidente de Puertos, Joan Gual, pese a que reconoció las «presiones» políticas, descartó cualquier irregularidad. Es evidente que los políticos y los empresarios pueden hablar con el presidente de APB o quien sea para comentar un tema de interés económico para la Isla. Pero de eso a que la adjudicación fuera irregular media una enorme distancia. La consistencia de las pruebas, se intuye ahora mínima.

Sobre todo después de la comparecencia en el Juzgado de Armando Parada, jefe de la división de Proyectos y que estuvo al frente de la comisión que valoró las ofertas del concurso, quien describió de forma técnica por qué se adjudicaron los amarres a Marina Asmen. Y afirmó que los criterios del concurso no fueron arbitrarios sino que respondían a «a problemas específicos del puerto de Maó».

La imagen de Justo Saura, presidente de PIME y de Asmen, sin interés económico directo en la adjudicataria, entrando en el Juzgado, es injusta por innecesaria.

Del caso Puertos, de momento, ni caso.