En las últimas semanas han trascendido en la Isla dos casos puntuales que tendrían cabida en todo aquello que se puede relacionar con la discriminación femenina. El Govern, mediador y ejecutor en la concesión de las ayudas del Estado a empresarios y autónomos para paliar los efectos de la pandemia, ha denegado las que solicitaban dos mujeres, una autónoma artesana de Ciutadella y la propietaria de un restaurante en Alaior.
En ambos casos, las bajas prolongadas como consecuencia de sus respectivos embarazos durante el año 2019 han sido las causantes indirectas de que su solicitud haya sido negada. La maternidad provocó que la facturación de sus negocios descendiera en ese ejercicio porque su presencia laboral no pudo ser la misma durante y después del embarazo.
El volumen de operaciones de sus sustentos en 2020 cayó menos de un 30 por ciento respecto al de 2019, el año en que las dos se hallaban en estado de buena esperanza. Atendiendo exclusivamente a los requisitos para optar a las ayudas, la denegación está justificada porque no cumplían con las pérdidas mínimas exigidas para recibirlas.
Sin embargo, en la práctica resulta evidente que no se ha tomado en consideración el hecho que ha motivado el incumplimiento de ese condicionante al comparar dos años que transcurrieron en circunstancias desiguales.
La decisión del Govern refleja un vacío en la normativa para la concesión de estas ayudas y observa, cuanto menos, una evidente falta de sensibilidad hacia la mujer y su naturaleza reproductora, que también parecen haber obviado cuantos movimientos feministas abundan en estos tiempos.
Aquí en Menorca estamos habituados a las movilizaciones de particulares e instituciones en fechas concretas y en casos que nos llegan de lejos. Pero da la sensación que cuando estos ocurren más cerca no despiertan el mismo entusiasmo solidario.
