No es lo mismo tener un empleo que un trabajo. El primero garantiza un salario, el segundo exige dar el callo cada día. El matiz es más importante de lo que parece y viene a cuento de chollos como el de los funcionarios del Parlament catalán acogidos a un régimen especial de «licencias por edad» por el que cobran entre 4.000 euros mensuales los de categorías más bajas y los más de 10.000 que se llevan dos ex altos cargos sin ir a trabajar.
La prebenda data de 2008 cuando aquella institución la presidía el ínclito Ernest Benach, de ERC, y establece que los funcionarios con 15 años de empleo en la cámara autonómica y más de 60 años tienen derecho a percibir la práctica totalidad del sueldo sin tener que trabajar hasta la edad de su jubilación.
Ahora son 21 funcionarios los que disfrutan de la ganga, se ignora cuántos han sido en los últimos tres lustros, es probable que muchos hayan renunciado a la bicoca por un elevado sentido del deber, la responsabilidad y solidaridad con quienes tienen un trabajo precario y mileurista. No todos son iguales, claro, hay funcionarios buenos y malos, los buenos van al cielo, que diría El Perich, aquel genial humorista gráfico.
Se trata de un abuso flagrante, una ignominia en el contexto laboral actual. Detrás del escaparate del independentismo, la máscara victimista de la infrafinanciación y el latiguillo España nos roba, se esconde un auténtico latrocinio, jurídicamente bien armado porque, como explicaba Spinoza, la ley «puede depender o bien de la necesidad de la naturaleza o del arbitrio humano».
En la administración catalana residen los funcionarios mejor pagados, estos 21 se llevan sin pisar la moqueta de la oficina entre 56.000 y 140.000 euros anuales, más que lo que perciben los altos cargos políticos, que a su vez son los más caros de los presupuestos públicos.
