Ibiza, como la llaman y escriben los medios ibicencos, duplicará pronto la población de Menorca y, sin embargo, tiene un diputado menos en el Parlament balear. Y seguirá así mientras no sea modificada la ley electoral de estas islas que en los año 80, cuando empezó todo esto, inventó una paridad corregida para que las islas menores no se vieran avasalladas por el peso demográfico de Mallorca.
Los cambios sucedidos en las cuatro décadas siguientes dejan obsoleto aquel acuerdo, que además fue alterado al conceder representación propia a Formentera a costa de Ibiza. Hoy Menorca tiene 13 diputados y la pitiusa mayor, 12, a pesar de contar con un 40 por ciento mas de población. La anomalía, como dulcemente la han descrito allí, puede explicarse pero en ningún caso halla justificación.
Podemos aceptar que la ley intente corregir el desequilibrio abrumador que representa Mallorca y se otorgue un poco más de voz a los territorios pequeños, que así y todo me parece ostentosa, pero el punto al que se ha llegado describe una penalización al que más ha crecido.
El tiempo transcurrido ha demostrado que no se vota por el terruño que se representa sino por las siglas que llevan al personal a ocupar los escaños. Por tanto, la procedencia territorial no es relevante.
Sí resulta determinante, sin embargo, la delimitación de las circunscripciones. En Menorca, donde en los últimos 40 años ha gobernado más la izquierda que la derecha, son necesario menos votos para lograr un escaño que en Ibiza, donde el caso es inverso, ha gobernado más la derecha.
Aquí es donde entra en juego la ‘anomalía’, al favorecer no ya a un territorio sino a la tendencia hegemónica que conlleva. El año que viene seguiremos con estas mismas reglas y, si, como parece, la diferencia entre los dos bloques se aprieta, alguien celebrará, o rabiará, por la alteración.
