La planificación urbanística debería ser útil para ordenar los usos del territorio y la edificación pero sirve y obliga más a los sufridos ciudadanos-contribuyentes, que a las administraciones que dictan las normas. Ciutadella es un ejemplo paradigmático, con un desidia cronificada durante los dos últimos mandatos y que ahora un gobierno del PP en minoría tiene el reto de desatascar.
La revisión de su Plan General avanza poc a poc y con excesiva penuria. Se inició en 2016, en 2021 decayó la suspensión de licencias por la demora, vuelve a estar en vigor la norma de 1991, no está garantizado el suministro de agua para el crecimiento de población estimado, hay que responder a más de 200 alegaciones y hay que esperar como el maná los informes de Medio Ambiente. Y hasta no hace mucho se tardaba más de un año y medio para dar una licencia de obra.
Esa administración poco eficiente, durante la vigencia del viejo planeamiento, ha hecho milagros, por ejemplo, en el Canal Salat. Además de construirse allí un colegio, en esta zona verde pública hay el único centro de salud, los cines, incluso un observatorio astronómico. Otra zona verde pública, con las mismas obligaciones de compra que S’Hort d’en Llinyà, el Canal dels Horts que desemboca en Es Pla, permanece olvidada de todos.
Esa ensalada urbanística podría ser sinónomo del urbanismo a la carta, que cuando tiene un ingrediente importante de interés público debería convertirse en carta a Urbanismo. Me refiero a la promoción de vivienda pública en Ciutadella, sin una sola acción en los últimos 16 años, pese a que es el municipio de la Isla con los precios de la vivienda más elevados. Que el equipo de gobierno actual ceda una parcela en suelo rústico colindante con el suelo urbano, me parece una buena iniciativa, una solución efectiva a un problema grave. Ahora lo que hay que esperar es que, superado el primer obstáculo urbanístico, el proyecto se trate con la emergencia que precisa.
